Después de tantos anuncios, plazos rotos y bocetos que acabaron olvidados en cajones, Marbella empieza a ver la Ciudad de la Justicia más cerca que nunca. El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía han firmado el convenio que permitirá ejecutar los accesos al futuro complejo judicial, una inversión de 19,7 millones de euros que arrancará en 2026 y culminará, si no hay contratiempos, en 2029.
Ese mismo año debería inaugurarse también el edificio principal: una sede moderna, funcional y concentrada que pondrá punto final a la dispersión actual de los juzgados, repartidos entre distintas localizaciones del municipio.
El acuerdo no solo asegura el dinero, sino también la hoja de ruta definitiva para un proyecto que ha sido casi un mito urbano durante más de dos décadas. El acceso principal partirá desde la A-355, con 1,1 kilómetros de nuevo trazado y calzada duplicada para conectar directamente con la zona donde se levantará el complejo. En ese entorno también se prevé ubicar dependencias de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, formando un área de servicios públicos integrada.
Lo más relevante, más allá del ladrillo y el asfalto, es que por primera vez hay fechas, cifras y responsabilidades concretas: el Ayuntamiento asume toda la inversión y la ejecución, mientras la Junta supervisará los trabajos y, una vez terminados, se encargará de su mantenimiento.
La futura Ciudad de la Justicia no será un edificio cualquiera. Según el plan en marcha, duplicará la superficie actual de las sedes judiciales hasta alcanzar los 15.000 metros cuadrados, convirtiendo a Marbella en la segunda gran referencia judicial de la provincia, solo por detrás de Málaga capital.
La idea es sencilla pero ambiciosa: reunir en un solo espacio lo que durante años ha estado repartido por media ciudad, y hacerlo con una arquitectura contemporánea, pensada para crecer con el municipio.
