Los partidos judiciales de Marbella, Fuengirola y Torremolinos estrenan este 1 de octubre una nueva etapa con la implantación del modelo de tribunal de instancia, recogido en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. La medida supone el paso de 34 juzgados unipersonales a tres tribunales con secciones especializadas y servicios comunes, además de una ampliación de las plantillas y nuevas funciones en las Oficinas de Justicia Municipales.
En total, la Junta de Andalucía invertirá 228.341,15 euros anuales en esta segunda fase de la reforma, destinada exclusivamente a la creación de cinco nuevas plazas y 22 puestos de jefatura. El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha recordado que se trata de una reforma estatal que carece de financiación propia, por lo que el Gobierno andaluz asume en solitario el coste.
Nuevos puestos y funciones en la Costa del Sol
De las nuevas plazas creadas, tres corresponden a Marbella (dos del cuerpo de Gestión Procesal y una de Tramitación), mientras que las Oficinas de Justicia Municipales de Benalmádena y Mijas contarán con un nuevo tramitador cada una. En conjunto, en los tres partidos judiciales trabajan más de 370 funcionarios, cuyas Relaciones de Puestos de Trabajo han sido modificadas en acuerdo con los sindicatos.
La reforma también transforma los Juzgados de Paz de Benalmádena, Mijas y Benahavís, que pasan a convertirse en Oficinas de Justicia Municipales con mayor autonomía y nuevas competencias.
Inversión en Andalucía: más de 50 millones
La implantación del nuevo modelo judicial se está desarrollando de manera progresiva. En julio ya se aplicó en 70 de los 85 partidos judiciales de Andalucía, incluidos varios de la provincia de Málaga como Archidona, Torrox, Antequera, Coín, Ronda, Vélez-Málaga y Estepona.
El balance global entre la primera y la segunda fase alcanza la creación o estabilización de 86 plazas y 58 jefaturas, con un coste superior a 4,5 millones de euros anuales.
A esa cifra se añaden inversiones complementarias: 3,6 millones en el sistema de gestión procesal @driano, 16,2 millones en equipamiento digital, 20,7 millones en obras de adaptación de las sedes judiciales y 8,1 millones en servicios de mediación y resolución alternativa de conflictos. En total, el desembolso asciende a entre 54 y 56 millones de euros.
Nieto ha criticado la ausencia de una memoria económica estatal, lo que obliga a las comunidades con competencias transferidas, como Andalucía, a soportar el esfuerzo financiero. Además, ha recordado que antes del 31 de diciembre deberán adaptarse los doce partidos judiciales más grandes de la comunidad, entre ellos las ocho capitales de provincia y ciudades como Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Motril.
