Casi dos décadas después de su fuga, Carlos Fernández, exconcejal del Ayuntamiento de Marbella e implicado en el caso Malaya, ha sido condenado por la Audiencia Nacional a una multa de 4.095 euros y a indemnizar al Consistorio con 258.678,31 euros en el marco del caso Saqueo II, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.
La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, llega apenas una semana después de que el exedil se entregara voluntariamente en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, poniendo fin a una huida de casi 20 años. Fernández residía en Argentina, donde permaneció desde 2006, año en que escapó coincidiendo con la segunda fase de la Operación Malaya.
Un acuerdo para evitar la prisión
Durante la vista celebrada este miércoles ante la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, el Ayuntamiento de Marbella reclamó la citada cantidad en concepto de responsabilidad civil, una petición a la que el acusado se adhirió.
Al ser preguntado por el presidente del tribunal si se consideraba autor de los hechos, Fernández respondió afirmativamente, reconociendo los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental continuada. También aceptó las penas acordadas entre las partes, lo que permitió evitar la celebración de un juicio completo.
El pacto con la Fiscalía rebajó las penas iniciales —un año y medio de prisión por malversación y tres meses por falsedad— a multas económicas, distribuidas en una sanción de tres años con una cuota diaria de tres euros por el primer delito, y dos multas adicionales de seis y tres meses con la misma cuantía diaria, que suman en total 4.050 euros.
Las sombras del caso Saqueo II
El caso Saqueo II investigó las irregularidades en la gestión municipal de Marbella entre los años 1991 y 1999, incluyendo el desvío de unos 70 millones de euros del Ayuntamiento mediante empresas públicas y privadas, además de un fraude a la Seguridad Social valorado en 91 millones.
En 2013, la Audiencia Nacional condenó por estos hechos al exalcalde Julián Muñoz, ya fallecido, y al exasesor urbanístico Juan Antonio Roca, principales figuras del entramado de corrupción que asoló al municipio durante la década de los noventa. Fernández formaba parte del grupo de exconcejales que participaron en esas maniobras, aunque su procesamiento se vio interrumpido por su fuga en 2006.
De Galicia a Argentina: una fuga de 19 años
La desaparición de Carlos Fernández se produjo tras el inicio de la segunda fase de la Operación Malaya. En aquel momento, aseguró por teléfono que se encontraba en Galicia haciendo el Camino de Santiago, y que regresaría a Marbella si la Justicia lo requería. Esa fue su última llamada registrada: su teléfono móvil dejó de emitir señal y no volvió a estar localizado.
En 2017 fue detenido en Argentina, donde residía bajo una identidad legal, pero la Corte Suprema de ese país denegó su extradición en 2022, dejándolo en un limbo jurídico al carecer de documentación válida para permanecer en territorio argentino. Ante esta situación, y con la mediación de sus abogados, Fernández pactó su entrega voluntaria en España a cambio de no ingresar en prisión.
