La Audiencia Nacional ha decretado libertad provisional para Carlos Fernández, exconcejal del Ayuntamiento de Marbella relacionado con el caso Malaya y fugado desde 2006, tras su entrega voluntaria en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Fernández ha quedado en libertad con la obligación de comparecer el próximo 5 de noviembre, fecha en la que se celebrará el juicio del denominado caso Saqueo II, en el que se prevé que alcance un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción.
La Sección Tercera de lo Penal, encargada de este procedimiento, adoptó la decisión tras celebrar una vistilla en la que tanto el fiscal como la defensa del exedil solicitaron su puesta en libertad. En el auto, al que ha tenido acceso EFE, la Sala recuerda que en 2017 solicitó su extradición desde Argentina, donde Fernández fue detenido, pero la Corte Suprema argentina denegó la entrega en diciembre de 2022.
Pasados casi tres años de esa resolución, el pasado 10 de octubre, su abogado comunicó a la Audiencia Nacional la intención de Fernández de regresar a España y ponerse a disposición judicial. Cumpliendo con lo anunciado, el exconcejal llegó este miércoles a Madrid en un vuelo procedente de Buenos Aires, y fue detenido en el control de pasaportes antes de ser trasladado a los calabozos de la Audiencia Nacional para la celebración de la vistilla.
En su resolución, el tribunal establece que el exedil deberá comparecer el 5 de noviembre para “ratificar la conformidad anunciada” en el juicio. Según fuentes jurídicas, la Fiscalía Anticorrupción habría aceptado rebajar su petición de pena a cambio de que Fernández reconozca los hechos que se le imputan, lo que le permitiría evitar el ingreso en prisión.
Fuentes de su entorno indicaron a EFE que, tras quedar en libertad, Fernández viajó inmediatamente a Marbella para visitar a su padre enfermo.
Carlos Fernández está acusado de malversación de caudales públicos en el caso Saqueo II, que investiga el desvío de cerca de 70 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 1999 a través de empresas públicas y privadas, además de un fraude a la Seguridad Social de 91 millones de euros. Por estos hechos, la Audiencia Nacional ya condenó en 2013 a Julián Muñoz, ya fallecido, y al exasesor urbanístico Juan Antonio Roca a seis años de prisión por malversación.
Fernández se fugó en julio de 2006, al inicio de la segunda fase de detenciones de la Operación Malaya, asegurando por teléfono que se encontraba haciendo el Camino de Santiago y que volvería en cuanto fuera requerido por la justicia. Aquella llamada fue la última señal que se tuvo de él durante casi dos décadas.
