La Asociación Hermandad Española de Guardas Rurales ha condenado “con absoluta firmeza” los hechos investigados por la Guardia Civil en el municipio malagueño de Campillos dentro de la operación Renfield, que destapó la muerte de 84 animales en un coto de caza mediante métodos ilegales y no selectivos.
La organización ha querido desmarcar al sector de estas prácticas y ha asegurado que actuaciones de este tipo representan “exactamente lo contrario” de lo que defienden los cazadores legales, los guardas rurales de caza y el mundo cinegético.
En un comunicado, la asociación recalca que el uso de lazos y otros métodos prohibidos, así como el maltrato animal y los delitos contra la fauna, son “intolerables” y deben ser castigados “con todo el peso de la ley”.
“El furtivismo es enemigo de la caza legal”
La reacción llega después de que la Guardia Civil investigue a cuatro personas —entre ellas el presidente del coto y un guarda particular de campo— por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la fauna y maltrato animal.
Según la investigación, los implicados habrían utilizado lazos para capturar y eliminar de forma indiscriminada animales en un entorno de alto valor ecológico y con presencia confirmada de lince ibérico.
La asociación ha defendido que estos hechos perjudican injustamente a miles de personas vinculadas al mundo rural y cinegético que trabajan “de forma honrada” en la conservación y gestión del medio natural. “La realidad es clara: el furtivismo y el maltrato animal son enemigos directos de la caza legal y de quienes aman y respetan verdaderamente el medio natural”, señala el colectivo.
Defensa del trabajo de los guardas rurales
La Hermandad Española de Guardas Rurales ha reivindicado además el papel de estos profesionales en la vigilancia del campo y la protección ambiental.
En este sentido, recuerdan que colaboran habitualmente con Guardia Civil, Seprona y agentes de Medio Ambiente en la lucha contra el furtivismo, el uso de venenos, las artes ilegales, los incendios forestales o los robos agrícolas. “Los Guardas Rurales de Caza no son el problema; son parte fundamental de la solución”, subraya la asociación, que destaca que su trabajo diario “evita innumerables delitos medioambientales y protege el patrimonio natural”.
Críticas a la “criminalización” del sector
La organización también ha criticado que determinados sectores aprovechen este tipo de sucesos para “criminalizar” al conjunto del mundo rural y cinegético. “Muchos hablan del campo desde la distancia y el desconocimiento absoluto de la realidad rural”, apunta el comunicado, en el que se insiste en que la conservación del medio natural “se hace sobre el terreno, cada día, con trabajo, responsabilidad y compromiso”.
La asociación concluye reiterando su compromiso con la legalidad, la ética cinegética y la colaboración permanente con las autoridades y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La operación Renfield sigue abierta y las diligencias ya han sido remitidas al Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Antequera.
