La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, en colaboración con el Ayuntamiento de Torremolinos, ha trasladado la sede del Registro Civil al edificio principal del Consistorio, ubicado en la Plaza Blas Infante número 1. Esta medida, que responde a un criterio de eficiencia económica y administrativa, supone un ahorro superior a los 73.000 euros anuales para la Junta.
La viceconsejera de Justicia, Ana Corredera, ha visitado las nuevas dependencias junto a la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, y la delegada territorial de Justicia en Málaga, Teresa Pardo. El nuevo espacio está operativo desde el pasado mes de mayo y sustituye a las antiguas oficinas situadas en la Avenida Palma de Mallorca.
Según ha explicado Corredera, el traslado cumple un doble objetivo: mejorar la atención al ciudadano y reducir el gasto público en alquileres. El Ayuntamiento ha cedido un espacio en el propio edificio municipal, lo que ha permitido abandonar un local alquilado que suponía un coste de más de 82.700 euros al año. En su lugar, el nuevo acuerdo establece un canon de 24.000 euros anuales, que incluye servicios como limpieza, agua, electricidad y seguridad, generando además un ahorro adicional de 14.600 euros anuales.
“La operación permite racionalizar recursos sin afectar a la calidad del servicio”, ha afirmado la viceconsejera, quien ha agradecido la colaboración del Consistorio. También ha subrayado que esta mejora se enmarca en el camino hacia un futuro proyecto de sede judicial unificada que concentre todos los juzgados y el Registro Civil en un mismo edificio.
Actualmente, el Registro Civil de Torremolinos cuenta con cinco funcionarios y un letrado de la Administración de Justicia. Además, el municipio se encuentra inmerso en un proceso de transformación judicial: a partir del 31 de octubre, se convertirá en uno de los tres partidos judiciales de la provincia (junto a Fuengirola y Marbella) que pasarán a funcionar como tribunal de instancia, en cumplimiento de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Corredera ha recordado que esta segunda fase de implantación de los tribunales de instancia –tras una primera etapa iniciada el 1 de julio en 70 partidos judiciales– supondrá una inversión total de más de 57 millones de euros en Andalucía, que será sufragada íntegramente por la Junta. “El Ministerio de Justicia no aporta ni un solo euro”, ha remarcado.
Durante la visita, la viceconsejera ha reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz con una Justicia más cercana, eficiente y sostenible, tanto en términos de servicio al ciudadano como de uso responsable de los recursos públicos. Por su parte, la alcaldesa ha valorado positivamente la integración del Registro Civil en “un espacio céntrico, accesible y moderno, que facilita los trámites a los vecinos y potencia el servicio público”. Del Cid ha destacado que este acuerdo es un ejemplo de colaboración institucional entre administraciones para mejorar servicios esenciales.
