La llegada de capital extranjero al Juventud Torremolinos no ha disipado las dudas que rodean al club. Al contrario. Según ha podido saber Área y recoge también un artículo publicado por ABC, antiguos trabajadores y personas vinculadas a la anterior estructura de la entidad denuncian que siguen sin cobrar cantidades comprometidas tras el cambio de propiedad, con una deuda pendiente que, en conjunto, superaría el medio millón de euros.
El foco está puesto en el acuerdo alcanzado tras la compra del club por parte de un miembro de la familia real saudí, Majed Bin Abdullah Bin Abdulaziz, operación cerrada a finales de 2025. De acuerdo con la información publicada por ABC, la nueva propiedad se había comprometido a abonar antes del 31 de diciembre varias cantidades pendientes, pero, según las denuncias de los afectados, esos pagos no se habrían ejecutado.
Entre las personas que seguirían sin cobrar figuran miembros de la antigua estructura que trabajó durante la etapa del fondo japonés ACA Football Partners, la persona que adelantó dinero de su propio bolsillo para garantizar la viabilidad del equipo y su salida a competir esta temporada, así como quien realizó la intermediación entre los anteriores propietarios japoneses y el nuevo grupo saudí.
La situación no afecta solo a cifras en un balance. Detrás hay una etapa especialmente delicada para la entidad. En el tránsito entre ambas propiedades extranjeras, varias personas andaluzas vinculadas desde hace años al fútbol modesto asumieron de forma temporal las riendas del club y aportaron fondos para que el Juventud Torremolinos pudiera hacer frente a las nóminas de la plantilla entre julio y septiembre y atender otras obligaciones urgentes. Ese respaldo fue clave para mantener con vida al equipo e inscribirlo esta temporada en Primera Federación.
El club ya arrastraba problemas económicos en la etapa anterior, agravados por una operación fallida canalizada a través de una sociedad mercantil cuyo dinero, según se expone en ese artículo, nunca llegó a materializarse. Ese bloqueo empeoró la situación de una entidad que ya acumulaba deudas e impagos con empleados.
A partir de ahí, las denuncias apuntan directamente a la nueva etapa. La que debía ser una fase de estabilidad tras el desembarco saudí se ha convertido, según sostienen los afectados, en una continuidad de los problemas económicos. La principal queja es que no se ha cumplido el acuerdo alcanzado con antiguos trabajadores y personas que sostuvieron al club en su momento más crítico.
En su información, ABC también recoge la versión de fuentes cercanas a la nueva propiedad del Juventud Torremolinos, que defienden que la llegada de la nueva junta no responde a un mero relevo institucional, sino a la entrada de “un verdadero grupo de gestión” en una entidad que, según su versión, se encontraba en una situación de “clara deriva organizativa”.
Esas mismas fuentes sostienen, según el citado medio, que la nueva dirección ha asumido el reto de estabilizar el club y construir un proyecto “sólido, profesionalizado y sostenible”. Además, aseguran que la entidad ha ido poniendo al día deudas con proveedores y otras obligaciones asumidas en esta nueva etapa, todo ello bajo una política de control y fiscalización del gasto.
En esa línea, también defienden que ya se están ejecutando medidas visibles, como inversiones en infraestructuras, la construcción de un gimnasio para el primer equipo, la mejora de oficinas, la puesta a punto del estadio y la instalación de sistemas de publicidad LED. Su mensaje es claro: niegan una situación de incumplimiento generalizado y presentan su gestión como un proyecto a largo plazo.
De hecho, el propio Juventud Torremolinos, en el ejercicio del derecho de rectificación recogido en la documentación incluida en la información de ABC, rechaza que pueda hablarse en términos absolutos de falta de atención a las obligaciones económicas del club. La entidad sostiene que se está llevando a cabo un proceso de reorganización, regularización y delimitación de responsabilidades, y niega que exista un incumplimiento generalizado como el que, a su juicio, se desprende de la publicación.
El club también rechaza que sea exacto presentar como hechos ciertos determinadas cantidades pendientes sin distinguir entre obligaciones asumidas, partidas en revisión o posibles responsabilidades de terceros. Del mismo modo, niega la existencia de una amenaza real de traslado a otra localidad o de una negociación cerrada en ese sentido.
Con todo, la denuncia de los afectados sigue sobre la mesa. Y el dato que más inquietud genera en el entorno del club es el mismo: más de medio millón de euros pendientes, según sostienen antiguos trabajadores y personas vinculadas a la anterior etapa del Juventud Torremolinos. Una cifra que alimenta la incertidumbre en torno a la salud económica de una entidad que, lejos de encontrar calma tras el relevo en la propiedad, sigue instalada en la controversia.
