La delegación en Málaga de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha expresado su “más profunda indignación” tras conocerse nuevos detalles sobre la muerte de Haitam Mejri, un hombre de 35 años fallecido el pasado 7 de diciembre en Torremolinos durante una intervención de la Policía Nacional.
El colectivo ha reaccionado tras la difusión de un informe pericial que documenta hasta 86 lesiones en el cuerpo de la víctima, así como el uso reiterado de pistolas eléctricas con un total de 11 descargas de táser en apenas unos minutos. Para la asociación, estos datos evidencian un caso de “extrema gravedad” que, advierten, no puede quedar “en el olvido ni en la impunidad”.
Ante esta situación, la APDHA Málaga ha exigido la reapertura inmediata del caso, cuyo archivo provisional considera “un insulto a la memoria de Haitam y al dolor de su familia”. En este sentido, reclama que el informe definitivo de la autopsia se tramite con la máxima celeridad para reactivar el proceso judicial.
Asimismo, el colectivo solicita la depuración de responsabilidades penales mediante una investigación exhaustiva sobre la actuación de los agentes implicados. Denuncian el uso reiterado de armas consideradas “no letales” sobre una persona ya reducida, así como una posible ocultación de información relevante a los servicios sanitarios.
La asociación también ha puesto el foco en la necesidad de garantizar transparencia en el caso, subrayando el derecho de la ciudadanía a conocer si se vulneraron protocolos durante la intervención. “No aceptaremos que el uso desmedido de la fuerza se normalice bajo el amparo de la autoridad”, señalan.
En paralelo, la APDHA reclama una revisión urgente del uso de las pistolas táser, solicitando una moratoria y una regulación más estricta bajo supervisión de organismos de derechos humanos, al considerar que este suceso demuestra su potencial letal.
“Haitam Mejri entró en un establecimiento buscando ayuda y salió sin vida”, recuerdan desde la asociación, que insiste en que continuará reclamando justicia hasta que se esclarezcan completamente los hechos. “Ninguna actuación policial puede estar por encima de los derechos humanos”, concluyen.
