Lo que hace unos meses parecía una batalla perdida, hoy se convierte en un punto de inflexión para los vecinos de El Calvario. Después de protestas, incertidumbre y la amenaza constante de desahucio, 23 vecinos del barrio han comenzado a firmar sus contratos de alquiler social con Sareb, un acuerdo que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento y que busca garantizar la estabilidad residencial de las familias afectadas.
La primera firma se produjo a las 10:00 de la mañana de este martes, y el proceso se extenderá durante toda la jornada, en horario de 10:00 a 19:00 horas. Los vecinos han sido citados por orden, en una dinámica que simboliza tanto el cierre de una etapa de tensión como el inicio de otra más estable, aunque no exenta de controversias.
Contratos de siete años y rentas vinculadas a los ingresos
El acuerdo establece contratos de alquiler por un periodo de siete años, con revisiones anuales en función de los ingresos de cada unidad familiar. Se trata de un modelo flexible: si la familia incrementa sus ingresos, la bonificación disminuye y el alquiler se ajusta al alza; en caso de que la situación económica empeore, la renta se reduce para no superar el límite del 30 % de los ingresos familiares.
Una vecina que ya ha formalizado su contrato lo resume con satisfacción: “Yo sí estoy contenta. Ha costado meses de lucha conseguir esto. Pasa que están los vecinos muy divididos y sé que hay algunos que no van a firmar. Me sabe mal, sobre todo por la gente que han desahuciado. Pero claro que es para publicarlo. Ha sido una victoria clara frente a la especulación”.
La medida incorpora además un programa de acompañamiento social, gestionado por Tecnotramit, que supervisará la evolución de las familias y las apoyará en caso de dificultades.
Un modelo que genera división
A pesar de los avances, el ambiente en El Calvario no es de celebración unánime. Algunos vecinos han expresado su malestar porque el cálculo de las rentas no depende del tamaño de la vivienda, sino exclusivamente de los ingresos familiares. Este criterio genera situaciones en las que familias con pisos más pequeños pagan más que otras con viviendas de mayor superficie, algo que ha encendido el debate interno.
Un vecino lo expresa con claridad: “Hay cosas que no entiendo. Reconocen mi vulnerabilidad, pero el piso que me ofrecen estaba prometido a otros. Y encima la renta que me piden es imposible de asumir”.
Aun así, la mayoría de familias ha decidido seguir adelante y firmar, al considerar que el acuerdo representa una oportunidad real para estabilizar su situación tras meses de incertidumbre.
Del miedo al desahucio a la esperanza del alquiler social
La historia de El Calvario se remonta a julio pasado, cuando se suspendió el desahucio de Yolanda, vecina del barrio cuya situación se convirtió en símbolo de la resistencia frente a la especulación. Desde entonces, la comunidad ha mantenido la presión, exigiendo una salida negociada que evitara dejar en la calle a decenas de familias.
Las negociaciones con Sareb, aunque tensas, han desembocado en este programa de alquiler social, que combina estabilidad jurídica con una cierta flexibilidad económica. Para muchos vecinos, supone la primera vez en años que pueden mirar al futuro sin el temor constante a perder su hogar.
Una victoria con matices
La concejala Gloria Manoja ha defendido en anteriores declaraciones que el modelo de alquiler social permite acceder a rentas que oscilan entre los 115 y los 445 euros mensuales, con bonificaciones adicionales en casos de familias con menores o personas con discapacidad. En la práctica, la mayoría de los vecinos reconoce que las nuevas condiciones no se alejan demasiado de lo que ya venían pagando, aunque ahora lo hacen bajo un marco legal que garantiza estabilidad.
“Esto nos da seguridad, aunque no sea perfecto”, comenta una vecina. “Al menos sabemos que durante siete años tendremos un techo y que no nos pueden echar de la noche a la mañana”.
Sin embargo, la división persiste. Parte del vecindario teme que este modelo no resuelva del todo el problema estructural de la vivienda en Torremolinos, donde la tensión entre la especulación inmobiliaria y el derecho a un hogar digno sigue siendo evidente.
El Calvario como símbolo
Más allá de las cifras y los contratos, el caso de El Calvario se ha convertido en un símbolo de la lucha por la vivienda en Torremolinos. En un municipio marcado por la presión turística y el encarecimiento del mercado inmobiliario, el acuerdo alcanzado con Sareb refleja la posibilidad de que la organización vecinal logre resultados tangibles.
La comunidad, no obstante, mantiene la cautela. “El sistema nos coloca frente a una encrucijada: queremos cumplir la ley, pero también necesitamos seguridad y transparencia”, señalaba un vecino en semanas anteriores. Esa sensación de vigilar cada paso se mantiene viva incluso en un día que, para muchos, representa un triunfo.
