La implantación del nuevo sistema de facturación Verifactu no será obligatoria en 2026, tal y como marcaba el calendario inicial. El Gobierno ha aprobado un real decreto que amplía un año los plazos y fija 2027 como fecha definitiva para que empresas y autónomos se adapten a esta herramienta, que la Agencia Tributaria considera clave para reforzar la transparencia y la trazabilidad fiscal. La norma será elevada mañana al Consejo de Ministros para su ratificación.
Verifactu nace del Real Decreto 1007/2023, que regula cómo deben funcionar los programas informáticos utilizados para emitir facturas. Su filosofía es clara: evitar cualquier manipulación y garantizar que cada factura quede registrada de forma segura e inalterable. Para ello, el sistema exige que el software genere un registro automático de alta, lo envíe a la AEAT en el mismo momento de su emisión y añada un código QR que permitirá verificar la autenticidad del documento.
El nuevo calendario establece dos hitos: las sociedades y empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades deberán acogerse al sistema a partir del 1 de enero de 2027, mientras que autónomos y pymes dispondrán hasta el 1 de julio de ese mismo año, un semestre adicional sobre el plazo inicialmente previsto.
Hacienda justifica este aplazamiento en la necesidad de ofrecer más margen para que los negocios, especialmente los más pequeños, puedan adaptarse a los cambios técnicos que implica Verifactu. La integración de sistemas informáticos verificables en tiempo real requiere actualizaciones que muchas empresas aún no han podido realizar. Tanto asociaciones de autónomos como organizaciones empresariales habían solicitado una ampliación de plazos ante la complejidad de la transición.
La futura obligación alcanzará a todas las empresas y profesionales que operen en España y estén sujetos al IRPF, al Impuesto sobre Sociedades o al régimen de no residentes con establecimiento permanente. Sin embargo, quedan fuera los contribuyentes de País Vasco y Navarra —con sus propios sistemas de información inmediata— y aquellas pymes que facturen mediante programas básicos siempre que garanticen integridad y no alteración de los datos.
Para facilitar la adaptación, la Agencia Tributaria pondrá a disposición de autónomos y pequeños negocios un software gratuito compatible con Verifactu. Además, numerosos proveedores privados ya han desarrollado soluciones más completas orientadas a empresas de mayor tamaño, que incluyen funciones de control avanzado, analítica o gestión de inventarios.
Con este retraso, Hacienda busca que la transición hacia la digitalización total de la facturación se realice de forma escalonada y con garantías. El objetivo último, según el ministerio, es reducir el fraude, facilitar la labor inspectora y mejorar la calidad de la información que reciben las administraciones.
