El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, presentó ayer su dimisión después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite una querella por un presunto delito de agresión sexual interpuesta por una agente del cuerpo.
Según informaron fuentes del Ministerio del Interior a EFE, González comunicó su decisión al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su renuncia se hará efectiva en las próximas horas.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid ha citado a González a declarar el próximo 17 de marzo, fecha en la que también comparecerá la denunciante para prestar declaración. El magistrado acordó incoar diligencias previas al considerar que los hechos descritos “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales”, cuya instrucción corresponde a ese órgano judicial.
Sustitución provisional en la cúpula policial
Hasta que se designe un relevo definitivo, el cargo será asumido de manera temporal por la subdirectora general de Recursos Humanos, Gemma Barroso, tal y como establece la normativa interna que regula la estructura orgánica de la Dirección General de la Policía.
La orden prevé que, en caso de vacante, ausencia o enfermedad del DAO, la suplencia recaiga en las personas titulares de Recursos Humanos y Formación, Logística e Innovación o el Gabinete Técnico.
La querella incluye otros presuntos delitos
El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, ha informado de que la querella no solo recoge un presunto delito de agresión sexual, sino que también solicita investigar coacciones, lesiones psíquicas y malversación.
Según el escrito presentado, la agente mantuvo en el pasado una “relación de afectividad” con el alto mando policial. La denuncia sostiene que los hechos se habrían producido en abril del pasado año en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior, a la que la agente habría sido presionada para acudir estando de servicio.
La querella, que incluye una grabación de audio, alude a “negativas inequívocas, claras y persistentes”, así como a “violencia física” e “intimidación ambiental”, describiendo una situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental.
La investigación judicial determinará ahora el alcance de los hechos denunciados y la eventual responsabilidad del ya exdirector adjunto operativo.
