Correos ha salido al paso de las informaciones que aseguraban que la compañía había tramitado regularizaciones sin exigir el certificado de antecedentes penales. En una nota aclaratoria remitida desde Madrid, la empresa pública sostiene que esa afirmación es falsa y recuerda que Correos no tramita regularizaciones, sino que presta apoyo en el proceso de presentación telemática de solicitudes.
Según recoge el comunicado, la tramitación de estos expedientes corresponde a la Unidad Tramitadora de Expedientes de Extranjería, conocida como UTEX, y no al personal de las oficinas postales. Correos insiste en que su función dentro del procedimiento se limita a facilitar la presentación de la documentación, mientras que la evaluación completa de cada expediente recae en el órgano administrativo competente.
La compañía explica además que, durante la presentación de solicitudes, existe la posibilidad de que el empleado de Correos reciba la documentación aunque esta no esté completa, dejando constancia de los documentos no aportados. Esta opción, según subraya la empresa, no supone una relajación de los requisitos legales del procedimiento.
En ese sentido, Correos señala que corresponde a la Unidad de Tramitación revisar la documentación presentada y, en caso necesario, exigir la documentación pendiente a través del correspondiente trámite de subsanación, conforme al procedimiento administrativo vigente.
La empresa pública defiende que cursar una solicitud sin toda la documentación no constituye un “grave error”, sino que forma parte del proceso previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En relación con el certificado de antecedentes penales, Correos precisa que, desde el 20 de abril, fecha en la que se abrió el proceso de admisión de solicitudes presenciales en las oficinas de Correos para la regularización de inmigrantes, el personal que ha atendido estas solicitudes tenía conocimiento de que dicho certificado era un documento a exigir.
La compañía también señala que la formación del personal es un proceso continuo y dinámico, que se va ajustando a las instrucciones y criterios establecidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según el comunicado, esta actualización responde a las incidencias que puedan surgir durante el despliegue del procedimiento.
Correos afirma que estos ajustes tienen tres objetivos: solucionar incidencias, reforzar la correcta aplicación del procedimiento y mejorar la gestión y la atención al ciudadano. La empresa asegura que se han establecido canales permanentes y coordinados entre el Ministerio, Correos y el personal de oficinas para resolver dudas y actualizar criterios.
La compañía sostiene que este sistema permite que el proceso se desarrolle con criterios homogéneos, con garantías y dentro de un marco de normalidad operativa.
Como consecuencia de todo lo expuesto, Correos anuncia que se acoge al derecho de rectificación, al amparo de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, frente a la publicación de hechos que considera falsos y que, según afirma, perjudican su derecho al honor, su imagen y su reputación. La empresa añade que dichas informaciones se difundieron sin haber intentado contrastarlas previamente con Correos.
