El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves el real decreto-ley de medidas urgentes para hacer frente a los daños provocados por las últimas borrascas, un paquete que moviliza más de 7.000 millones de euros en ayudas y que entrará en vigor este viernes.
La norma recoge medidas en materia de daños personales, vivienda, establecimientos industriales y comerciales, sector agrario y pesquero, empleo, Seguridad Social, infraestructuras y derechos de los consumidores. En su exposición de motivos, el texto alude a la “alteración de los patrones climáticos tradicionales como consecuencia del calentamiento global”, señalando que estos episodios extremos son cada vez más frecuentes y ponen a prueba los sistemas de protección civil.
Ayudas para viviendas y desalojos
Entre las principales compensaciones destaca una ayuda de 150 euros por persona y día en caso de desalojo, desde la fecha en que se abandona la vivienda hasta que la autoridad competente autorice el regreso.
En cuanto a los daños materiales, se establecen cuantías máximas de 60.480 euros por destrucción total de la vivienda, 41.280 euros por daños estructurales, 20.640 euros por daños no estructurales, 10.320 euros por destrucción de enseres y 36.896 euros por daños en elementos comunes de comunidades de propietarios.
Los solicitantes podrán pedir un anticipo mediante una declaración responsable en la que acrediten que cumplen los requisitos exigidos.
El decreto contempla 2.000 millones de euros en transferencias directas a los ayuntamientos afectados para afrontar la reparación de infraestructuras municipales. Estas ayudas cubrirán gastos derivados de evacuaciones, retirada de escombros, reparación de infraestructuras, apuntalamiento de edificios, saneamiento de zonas verdes o alquiler de espacios para prestar servicios públicos.
Las actuaciones destinadas a la reparación o reconstrucción de redes de saneamiento y sistemas de depuración de aguas tienen un impacto estimado de 360 millones de euros.
Ayudas a particulares, empresas y sector primario
La Agencia Tributaria habilitará una línea de ayudas directas para personas físicas, empresarios y profesionales que desarrollen actividades económicas no agrícolas. Las ayudas ascenderán a 5.000 euros para personas físicas, mientras que para empresas oscilarán entre 10.000 y 150.000 euros en función de su volumen de operaciones. Los pagos comenzarán a abonarse a partir del 19 de marzo.
En el ámbito agrario y pesquero se aprueban más de 2.100 millones de euros en ayudas directas para titulares de explotaciones y 10 millones para armadores de buques pesqueros con puerto base en Málaga, Cádiz y Huelva por el amarre de la flota.
Además, se reduce de 30 a 5 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o la renta agraria en los municipios afectados.
Protección del empleo y apoyo a autónomos
El real decreto-ley prohíbe el despido de trabajadores en empresas que se acojan a ayudas directas o expedientes de regulación vinculados a las borrascas. Si se produjera el despido, será considerado nulo y la empresa deberá devolver las ayudas recibidas.
Los autónomos que interrumpan su actividad podrán solicitar la prestación por cese de actividad sin necesidad de acreditar la existencia de fuerza mayor. Además, las ayudas contempladas en el decreto no computarán para el cálculo del ingreso mínimo vital.
La norma aprueba créditos extraordinarios para el Ministerio para la Transición Ecológica: 61,1 millones para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 14 millones para la del Guadiana, 4 millones para la del Tajo y 12 millones para daños en el dominio público marítimo-terrestre. También se habilitan 200 millones de euros para subvencionar al 100% obras municipales de reparación y adaptación de cauces urbanos afectados.
En materia de transporte, se conceden 163,3 millones de euros para financiar obras en infraestructuras estatales en Andalucía y Extremadura.
Derechos de los consumidores y refuerzo de servicios públicos
Los consumidores que no hayan podido disfrutar de un suministro ya pagado podrán optar por resolver el contrato sin penalización o aplazar su ejecución.
El decreto también contempla el refuerzo de plantillas en las Confederaciones Hidrográficas, demarcaciones de costas y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Asimismo, Correos pondrá a disposición de la Administración General del Estado los medios personales y materiales necesarios para facilitar cualquier actuación vinculada a la emergencia.
Con este paquete de medidas, el Gobierno activa un plan integral de respuesta ante uno de los episodios meteorológicos más graves registrados en los últimos años.
