El proyecto de construcción de una gasolinera en la urbanización El Coto de Mijas sigue adelante, a pesar de que los vecinos llevan meses movilizándose en contra de su instalación por considerar que supone un riesgo para su salud, seguridad y calidad de vida. La controversia se mantiene abierta incluso después de que el Consejo Consultivo de Andalucía declarara nula la licencia de obras al carecer de un estudio de impacto en la salud, un documento obligatorio en este tipo de expedientes.
La licencia, anulada pero el expediente continúa
En un inicio, los residentes presentaron alegaciones durante la tramitación ambiental del proyecto. Sin embargo, el Ayuntamiento de Mijas aprobó la licencia de obras sin tener en cuenta la falta de un informe clave: el impacto en la salud de los vecinos. Posteriormente, el Consejo Consultivo confirmó lo que venían denunciando: la licencia era inválida.
“Tenemos el documento oficial que dice lo mismo que nosotros alegábamos: que la licencia era nula por no contar con ese estudio”, explica Enrique Berbel, vecino de El Coto y miembro de la plataforma creada contra la gasolinera.
A pesar de este revés, los residentes denuncian que la empresa promotora sigue intentando impulsar el proyecto incorporando el estudio de impacto a posteriori, algo que la propia administración autonómica ya ha señalado como improcedente.
Riesgos para la salud y la convivencia
Los vecinos de El Coto no entienden cómo puede seguir adelante un proyecto que, a su juicio, plantea riesgos evidentes. El acceso a la futura estación de servicio coincidiría con la entrada principal de la urbanización, lo que generaría problemas de tráfico, reducción de aceras y dificultades de maniobra para camiones cisterna.
La plataforma vecinal alerta, además, de riesgos de incendio, ruidos, olores y la emisión de compuestos volátiles potencialmente cancerígenos. “Ventajas no vemos ninguna; riesgos, todos”, resume Berbel.
El entorno agrava la preocupación: a menos de 20 metros de la parcela hay un parque infantil; a pocos metros, depósitos de madera; y a menos de 300 metros, varios centros educativos. Todo ello en un área donde ya funcionan nueve gasolineras en un radio de un kilómetro y más de 17 en apenas dos.
Terrenos en duda y nuevo frente urbanístico
La plataforma ha detectado también posibles irregularidades urbanísticas. Según los planos originales de la urbanización, parte de la parcela destinada a la gasolinera habría sido cedida en su día al Ayuntamiento como terreno municipal. Esa circunstancia podría abrir un nuevo frente legal, pues el alineamiento realizado por los promotores habría invadido parte de ese suelo público.
La movilización ciudadana no se detiene
Mientras tanto, los vecinos aseguran que continuarán con su lucha vecinal. Aceptarían otros usos para la parcela, como un gimnasio o locales comerciales, pero rechazan de plano la gasolinera.
“Lo que no tiene sentido es poner una gasolinera aquí, cuando hay tantas en las inmediaciones y tan cerca de viviendas, colegios y parques”, señalan desde la plataforma.
La protesta se mantiene activa con una recogida de firmas en la plataforma digital Change.org y en puntos estratégicos del municipio. El objetivo: evitar que un proyecto que consideran innecesario y peligroso se materialice en su barrio.
Los vecinos piden al Ayuntamiento que cierre definitivamente el expediente y devuelva a El Coto la tranquilidad y seguridad que reclaman para sus familias.
