El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este domingo la detección de 53.000 pisos turísticos irregulares en España, un volumen que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha ordenado retirar de plataformas como Airbnb o Booking. La medida pretende frenar la oferta ilegal y favorecer la incorporación de estas viviendas al mercado residencial.
Marbella, en el foco del turismo irregular
Entre los municipios afectados, Marbella se sitúa como la segunda ciudad con más viviendas turísticas sin licencia, con un total de 1.802 anuncios retirados. Solo Sevilla, con 2.289, supera a la localidad costasoleña, que adelanta en el ranking a destinos como Barcelona (1.564) y Málaga (1.471).
La presión turística en la Costa del Sol vuelve a poner a Marbella en el centro del debate sobre el impacto de este tipo de alojamientos en el mercado inmobiliario local, donde los precios de la vivienda y del alquiler han experimentado una fuerte escalada en los últimos años.
Andalucía, la comunidad más afectada
Del total de viviendas irregulares, Andalucía concentra 16.740 —el 31,5%—, liderando la lista de comunidades autónomas más afectadas, por delante de Canarias (8.698), Catalunya (7.729) y Comunitat Valenciana (7.499).
Dentro de la región, además de Marbella, destacan otros municipios turísticos como Sevilla, Málaga, Benalmádena (926), Fuengirola (686), Mijas (631) o Granada (620).
Qué supone la revocación del registro
Los pisos señalados son aquellos que habían solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero cuya petición fue rechazada por incumplir la normativa: documentación incompleta, datos incorrectos o requisitos que no se ajustaban al uso turístico pretendido.
La revocación no implica una sanción inmediata, pero sí obliga a las plataformas digitales a dar de baja los anuncios. La clausura de los inmuebles, si se siguen alquilando fuera de internet, quedará en manos de las administraciones autonómicas.
Futuro de estas viviendas
El Gobierno confía en que este stock de inmuebles pueda volver al mercado residencial, gracias a bonificaciones fiscales y ayudas para el alquiler de larga duración. Sin embargo, especialistas del sector inmobiliario advierten que muchos propietarios se muestran reacios a ofrecer contratos de vivienda habitual por la menor rentabilidad y el temor a impagos.
“Quien ingresaba 2.000 euros al mes con un piso turístico no lo va a alquilar por 700 en larga temporada”, apuntan expertos, que creen que parte de estas viviendas terminarán en el mercado de alquiler temporal —contratos de más de 32 días vinculados a estudios o trabajos— o directamente en venta.
