La Fiscalía ha solicitado una pena de 18 años de prisión y una multa de 30 millones de euros para el ciudadano sueco Joakim Peter Broberg, acusado de tráfico de drogas y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, en el marco del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra una presunta organización criminal internacional.
Durante la vista celebrada este jueves, el Ministerio Público ha presentado sus conclusiones definitivas, manteniendo para Broberg la solicitud de pena más elevada del procedimiento. Para los otros doce acusados que no han reconocido los hechos, la Fiscalía ha solicitado penas de entre dos y 16 años de prisión.
En total, se juzga a 24 personas de distintas nacionalidades: once suecos, seis polacos, tres españoles, dos alemanes, un holandés y un macedonio, supuestamente vinculados a la denominada Mocro Mafia, una red dedicada al tráfico de hachís y marihuana entre Marruecos y Suecia, utilizando territorio español como base operativa. Los hechos se remontan a los años 2019 y 2020.
Según el Ministerio Público, Joakim Broberg habría participado en múltiples envíos de marihuana desde España a Francia y, junto a otros colaboradores, habría blanqueado más de siete millones de euros a través de actividades empresariales, inversiones inmobiliarias y compraventa de oro.
Once de los procesados han admitido su implicación en los hechos, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía que contempla penas reducidas de entre dos y cinco años de prisión. Broberg, sin embargo, no figura entre los acusados que han confesado, por lo que se mantiene para él la solicitud de la pena máxima.
En su escrito de acusación, la Fiscalía reconoce que no ha sido posible determinar con exactitud el volumen total de droga transportada ni el valor económico de las operaciones, lo que añade complejidad al proceso judicial.
Broberg fue extraditado desde Brasil, donde fue arrestado en relación con esta causa. De nacionalidad sueca, es hijo del empresario ya fallecido Lars Gunnar Broberg, quien también fue investigado por su presunta participación en operaciones de blanqueo. Según la defensa, la extradición solo fue autorizada por el delito de tráfico de drogas, excluyendo el de blanqueo de capitales, aunque este último se mantiene en el procedimiento actual.
En un principio, la Fiscalía también atribuía a Broberg un presunto delito de cohecho, al considerar que intentó sobornar a un agente de la Policía Local de Marbella para obtener información confidencial a cambio de dinero. No obstante, este cargo ha sido separado del procedimiento principal y será juzgado por la Audiencia Provincial de Málaga en una causa independiente.
El juicio sigue su curso en la Audiencia Nacional, mientras la defensa de Broberg insiste en la nulidad del proceso.
