La Audiencia Nacional ha condenado a nueve años de prisión al ciudadano sueco Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
La sentencia, recogida por EFE, impone penas de entre 2 y 16 años de cárcel a 21 de los 24 acusados por su relación con una organización dedicada al transporte de drogas, principalmente marihuana y hachís, entre España y Suecia, con abastecimiento en Marruecos, entre los años 2019 y 2020.
Entre los condenados figuran once ciudadanos suecos, seis polacos, tres españoles, dos alemanes, un holandés y un macedonio. Las investigaciones fueron desarrolladas por la Guardia Civil y la Policía Nacional, en cooperación con la Policía de Suecia, contra un grupo criminal de origen sueco con actividad en España, especialmente en la Costa del Sol.
Incautaciones en San Pedro de Alcántara y la costa de Granada
Los hechos juzgados están relacionados con varias operaciones de tráfico de drogas. Entre ellas figura la incautación de 244 kilos de cannabis en una nave de San Pedro de Alcántara, en Marbella, con un valor superior a 415.000 euros.
La sentencia también recoge la aprehensión de 25 fardos con 550 kilos de hachís frente a la costa de Granada, valorados en 919.000 euros, así como la intervención de 27,9 kilos de resina prensada de hachís, con un valor de 46.352 euros.
A estas actuaciones se suman otras operaciones de compraventa de marihuana vinculadas a la actividad del grupo investigado.
Nueve años de prisión y multa de 4,9 millones para Joakim Broberg
En el caso de Joakim Broberg, la Sala le condena a cuatro años y seis meses de prisión por un delito contra la salud pública relativo a sustancias que no causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia.
Además, le impone otros cuatro años y medio de cárcel por un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Por este último delito, el tribunal acuerda también una multa de 4,9 millones de euros.
La Fiscalía Antidroga había solicitado para Broberg una pena de 18 años de prisión, al entender que concurría la agravante de organización criminal.
El tribunal descarta una macroorganización común
La Audiencia Nacional considera probado que Joakim Broberg y el también acusado Roberto B., de nacionalidad española, estaban integrados de forma estable y permanente en la actividad de tráfico de hachís y marihuana.
Sin embargo, el tribunal les absuelve del delito de integración en organización criminal. La Sala entiende que no puede atribuirse este delito “más allá de la participación puntual” que Broberg pudiera haber tenido con alguno de los integrantes de otras organizaciones.
Frente al criterio de la Fiscalía, los magistrados sostienen que cada uno de los acusados que intervino en las distintas operaciones de droga formaba parte de un conglomerado ajeno al resto de incautaciones, “sin perjuicio de que algunos tengan una relación esporádica entre ellos”.
Por ello, la Audiencia Nacional concluye que no se trata de una macroorganización bajo cuyo paraguas actuaran varios grupos dedicados a la venta de hachís por distintos países europeos.
Dieciséis años de cárcel para el considerado director de la estructura
La pena más elevada de la sentencia, 16 años de prisión, ha sido impuesta al ciudadano sueco Iván C., considerado por el tribunal como el director de toda la estructura.
Según la resolución, este acusado coordinaba los envíos de droga, obtenía el beneficio económico y se encargaba del pago a los distintos miembros que participaban en la actividad delictiva.
Tres absueltos y once condenados con atenuante de confesión
La Audiencia Nacional ha absuelto a tres de los procesados. Además, aplica a once condenados la circunstancia atenuante de confesión, al haber reconocido los hechos y haberse conformado con las penas solicitadas por la Fiscalía Antidroga durante el juicio.
En el caso de tres de los condenados, el tribunal acuerda sustituir la pena impuesta por la expulsión del territorio nacional, con prohibición de regresar a España durante un plazo de diez años.
Para otro de los procesados, la Sala acuerda la suspensión de una pena de dos años, condicionada a que no vuelva a delinquir durante un periodo de cuatro años.
