El desahucio ejecutado hoy martes en la calle Sarmiento de Manilva, dentro de un proceso que afecta a 62 viviendas, ha dejado una jornada de tensión, protestas y versiones distintas sobre la respuesta dada a las familias afectadas. Durante la mañana también se celebró una concentración para mostrar el rechazo al lanzamiento y reclamar una solución habitacional para los vecinos.
En la protesta participaron personas y colectivos vinculados a la defensa del derecho a la vivienda, que denunciaron las consecuencias sociales de este proceso. Desde la plataforma Techo y Derecho, Rosa Galindo explicó a este medio que lo ocurrido en Manilva no es, a su juicio, un caso aislado, sino parte de una situación más amplia que afecta a familias trabajadoras que terminan atrapadas en operaciones sobre viviendas que acaban desembocando en desalojos.
Galindo sostuvo que detrás de este tipo de casos hay una dinámica de especulación inmobiliaria que deja a muchas familias en una situación de gran vulnerabilidad. En este caso concreto, reclamó que se tenga en cuenta la realidad de la familia afectada y defendió la necesidad de ofrecer una alternativa habitacional urgente, especialmente por la presencia de menores.
La representante de Techo y Derecho también mostró su malestar por la forma en la que, según relató, se desarrolló el procedimiento y por la falta de una solución efectiva para la familia. En su opinión, en situaciones como esta deberían activarse más medidas de protección social, sobre todo cuando hay circunstancias personales o familiares delicadas.
Frente a esa versión, fuentes del Ayuntamiento de Manilva explicaron a este periódico que el Consistorio intentó actuar dentro de sus posibilidades, aunque recuerdan que el caso estaba condicionado por una resolución judicial. Según sostienen, se hicieron gestiones para tratar de frenar o aplazar el lanzamiento, pero finalmente no fue posible cambiar la decisión.
Desde el entorno municipal insisten además en que la capacidad de intervención del Ayuntamiento en este tipo de episodios es limitada, sobre todo cuando se trata de un inmueble de titularidad privada y existe una orden judicial en vigor. Las mismas fuentes subrayan que, más allá de la preocupación por la situación de la familia, el margen legal del Consistorio es reducido.
Lo ocurrido este martes en la calle Sarmiento deja así dos lecturas distintas. Por un lado, la de los colectivos sociales, que consideran que la respuesta institucional debería haber garantizado una salida habitacional inmediata para la familia afectada. Por otro, la del Ayuntamiento, que mantiene que realizó gestiones, pero que no podía ir más allá de los límites marcados por el procedimiento judicial.
