Cinco personas se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Málaga acusadas de integrar una organización dedicada presuntamente a captar mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente en España. La Fiscalía solicita para cada uno de los procesados una pena de 17 años de prisión por delitos relacionados con la trata de seres humanos y la prostitución.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la supuesta red operaba desde Málaga capital y contaba con ramificaciones en otros países y provincias españolas. La organización, liderada presuntamente por una de las acusadas, habría estado activa desde 2010 y se dedicaba a captar mujeres, principalmente de Nigeria, aunque también procedentes de Marruecos, Dinamarca y Alemania.
La investigación sostiene que los miembros del grupo desempeñaban funciones concretas dentro de la estructura, encargándose del reclutamiento, traslado, alojamiento y control de las víctimas con el objetivo de obtener beneficios económicos. La Fiscalía considera que las mujeres eran seleccionadas aprovechando su situación de extrema necesidad y precariedad económica.
Uno de los casos recogidos en la acusación relata que una de las víctimas, de origen nigeriano, fue convencida para viajar a España con la promesa de trabajar como peluquera. Antes de abandonar su país, supuestamente se le exigió el pago de 35.000 euros por el traslado y fue obligada a participar en un ritual de vudú como garantía de cumplimiento de la deuda.
Amenazas, deudas y explotación sexual
Una vez en España, la mujer habría sido forzada a ejercer la prostitución para saldar la deuda contraída, entregando prácticamente todo el dinero obtenido. Además, según el fiscal, su hijo pequeño quedó al cuidado de una de las acusadas, que supuestamente la amenazaba con no alimentarlo y entregarlo a las autoridades si dejaba de pagar.
La situación se prolongó hasta que la víctima acudió a las autoridades alemanas preocupada por el bienestar del menor. La denuncia acabó llegando a la Policía Nacional española, que intervino junto a los servicios sociales para hacerse cargo del niño.
La segunda víctima recogida en el procedimiento también habría sido captada mediante falsas promesas laborales. Según la Fiscalía, fue convencida para viajar a España con la expectativa de trabajar en una peluquería, aunque antes tuvo que prestar un juramento y fue trasladada hasta Marruecos. Desde allí llegó a territorio español en patera.
El escrito sostiene que, una vez en España, fue obligada a prostituirse y que cuando se negó porque pensaba que iba a ejercer como peluquera, fue golpeada hasta aceptar la situación. Además, habría tenido que soportar jornadas laborales superiores a diez horas.
Transferencias de dinero y colaboración de varios acusados
La principal acusada habría recibido, según la investigación, numerosos envíos de dinero procedentes de hasta 13 mujeres nigerianas y tres hombres daneses. La Fiscalía sostiene que otros miembros de la organización colaboraban en el traslado de las víctimas, su acompañamiento y la gestión de los pagos enviados desde distintos países.
Entre los procesados figura también la pareja de la principal acusada, además de una hermana de esta y otras personas que, presuntamente, participaban en la logística de la red y en el control de las mujeres explotadas.
El juicio está previsto para este mes de junio en la Audiencia Provincial de Málaga. Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita que los acusados indemnicen de forma solidaria a cada una de las víctimas con 25.000 euros por los daños sufridos.
