La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha investigado a 36 personas físicas y dos personas jurídicas en la provincia de Málaga por la comisión de hasta 20 delitos relacionados con la usurpación de aguas públicas y daños al medio ambiente. La operación, desarrollada durante casi un año, ha puesto el foco en el uso ilícito de recursos hídricos en un contexto marcado por la “sequía persistente” que ha afectado gravemente a buena parte del territorio malagueño.
Durante las actuaciones, los agentes han llevado a cabo 110 inspecciones en infraestructuras de extracción y manipulación de aguas, principalmente en pozos, sondeos y balsas de acumulación, donde se han detectado graves irregularidades en la captación y aprovechamiento de caudales.
El caso más relevante corresponde a los responsables de una empresa dedicada a la venta de materiales de construcción, que, presuntamente, habrían extraído agua de pozos durante al menos cinco años para su venta ilegal en cisternas. El volumen sustraído se estima en 2.400 cubas, lo que equivale a 12 millones de litros de agua, con unos beneficios superiores a los 240.000 euros, sin contar el impacto ocasionado al dominio público hidráulico.
Además, la investigación ha revelado la existencia de numerosas captaciones ilegales de aguas superficiales, lo que ha dado lugar a la detección de 187 infracciones administrativas en materia de aguas. Entre las irregularidades más frecuentes se encuentran las extracciones sin autorización, la superación de los volúmenes autorizados, la falta de contadores volumétricos para registrar el consumo, o el uso del agua para fines no autorizados.
El dispositivo también ha identificado otras infracciones vinculadas al uso del suelo, como la apertura de pozos o sondeos sin licencia, la construcción de balsas y depósitos sin autorización urbanística, así como la transformación de terrenos de secano a regadío de forma ilegal.
La operación ha sido desarrollada por agentes del Seprona de la Guardia Civil en Málaga, en colaboración con el Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía, los Guardas Fluviales y los agentes de Medio Ambiente del mismo organismo, y ha contado con la dirección de la Fiscalía de Medioambiente de Málaga.
