Hoy lunes comienza en la Audiencia de Málaga el juicio contra un sacerdote acusado de presuntamente abusar sexualmente de cuatro mujeres con las que mantenía una relación de amistad, tras sedarlas y grabarlas mientras se encontraban inconscientes. La Fiscalía solicita inicialmente para el procesado una pena de 72 años de prisión por unos hechos que salieron a la luz en 2023 y que serán juzgados durante varias sesiones esta semana.
La vista oral está previsto que se prolongue los días 27, 28 y 29 de mayo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La fecha del interrogatorio del acusado se fijará durante el desarrollo del juicio. En la causa declararán 16 testigos, entre ellos las cuatro denunciantes, además de una veintena de agentes de la Policía Nacional, médicos forenses y peritos propuestos por las acusaciones y la defensa.
El acusado fue desde agosto de 2017 párroco de Ardales y Carratraca y vicario parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación de Álora. Según las conclusiones iniciales de la Fiscalía, en el ámbito de actividades religiosas entabló amistad con las cuatro víctimas en diferentes momentos. Esas relaciones se mantuvieron hasta 2023, cuando se conocieron los hechos que ahora llegan a juicio.
La acusación pública sostiene que el procesado aprovechaba una relación de amistad “fuerte”, de carácter “íntimo” y basada en la “confianza”, amparada por su condición de religioso. Esa situación habría llevado a que las mujeres pernoctaran con frecuencia en domicilios en los que residía el acusado o vinculados con él.
Según el Ministerio Fiscal, el sacerdote les suministraba presuntamente, sin que ellas se percataran, una sustancia desconocida, “con toda probabilidad éxtasis líquido o ‘alegría’”, que las dejaba en una profunda situación de somnolencia. En ese estado, sostiene la Fiscalía, las víctimas “no eran conscientes de nada de lo que les pudiera ocurrir” y no podían defenderse.
La Fiscalía afirma que el acusado habría realizado actos de carácter sexual sin consentimiento, aprovechando que las mujeres estaban privadas de consciencia. Además, esas actuaciones habrían sido grabadas y fotografiadas por el procesado, junto a otras imágenes tomadas sin permiso en situaciones cotidianas de intimidad.
Las víctimas, según el escrito de acusación, no tuvieron conocimiento de lo ocurrido hasta que en las Navidades de 2022-2023 la pareja sentimental del acusado encontró de forma casual un disco duro con las imágenes en el domicilio parroquial en el que ambos cohabitaban en Melilla. Posteriormente, la mujer denunció los hechos ante la Policía Nacional en agosto de 2023 y entregó una copia del material localizado.
Por estos hechos, la Fiscalía acusa al sacerdote de cuatro delitos de abuso sexual, de descubrimiento y revelación de secretos, ambos con carácter continuado, y de otros cuatro delitos de lesiones. Además de los 72 años de cárcel, solicita que se le prohíba acercarse o comunicarse con las víctimas durante diez años y que se le imponga libertad vigilada por el mismo periodo.
El Ministerio Público reclama también una indemnización total de 1,2 millones de euros, a razón de 300.000 euros para cada una de las cuatro víctimas por las secuelas psíquicas sufridas y los daños morales. La Fiscalía considera que de esas cantidades debe responder como responsable civil subsidiaria la Diócesis de Málaga.
El obispo de Málaga, José Antonio Satué, expresó el pasado viernes la “colaboración con la justicia” y su “confianza en los tribunales”. También señaló que los abogados del Obispado defenderán que no se debería exigir responsabilidad civil subsidiaria a la Diócesis, aunque afirmó que, si se demuestra la culpabilidad del sacerdote, la institución está dispuesta a colaborar económicamente en la reparación de los daños.
