Los veterinarios de Málaga han vuelto a salir a las calles para exigir la derogación del Real Decreto 666/2023, una normativa que, según denuncian, restringe su capacidad para ejercer plenamente su profesión y pone en riesgo la salud de los animales. Profesionales del sector, como Agustín, un veterinario local con 27 años de experiencia, han alzado la voz para visibilizar el malestar que atraviesa el colectivo, que se siente «infravalorado» y atrapado por una burocracia excesiva.
El decreto, aprobado en 2023, establece un listado de antibióticos que los veterinarios pueden prescribir solo bajo estrictas condiciones, como la realización previa de un cultivo y antibiograma, un proceso que puede tardar entre dos y siete días y cuyo coste recae en los propietarios de los animales. «No siempre tenemos ese tiempo para salvar una vida o evitar complicaciones graves«, explica Agustín, quien subraya que estas limitaciones pueden derivar en consecuencias irreversibles, como la pérdida de un ojo o una extremidad en un animal. Además, cada prescripción requiere ingresar datos en una base de datos oficial, justificando el tratamiento, lo que supone una carga administrativa que, según los afectados, resta tiempo al cuidado de los pacientes.
«Si considero que un animal necesita un tratamiento, voy a intentar aplicarlo por todos los medios, aunque me arriesgue a una sanción«, asegura Agustín. Las multas, que inicialmente podían alcanzar los 90.000 euros e incluso un millón en algunos casos, han sido rebajadas, pero el rango variable y la falta de claridad sobre su aplicación generan incertidumbre entre los profesionales. «No sabemos cómo nos van a sancionar ni por qué. ¿Por olvidar un día registrar un dato en la base por exceso de trabajo?«, se pregunta.
El colectivo también reclama otras mejoras estructurales. Entre sus demandas destaca la reducción del IVA aplicado a los servicios veterinarios, equiparándolo a un bien esencial y no a un artículo de lujo como una bebida alcohólica. «Curar a un animal no es un lujo, es una necesidad«, sentencia Agustín. Asimismo, exigen eliminar la burocracia asociada a la gestión de un botiquín veterinario y recuperar la autonomía para prescribir tratamientos basados en su criterio profesional y en la evidencia científica.
A pesar de las dificultades, los veterinarios muestran una determinación sin precedentes. «Nunca había visto tanta unión en el sector en mis 27 años de carrera«, afirma Agustín. Las protestas, que han congregado a profesionales de toda Málaga, son solo el comienzo de una lucha que promete no detenerse. «Hasta que ellos paren, nosotros no vamos a parar«, advierte, dejando claro que el objetivo es derogar o modificar la ley tras un diálogo con los colegios veterinarios y expertos.
La polémica normativa, diseñada para evitar el abuso de antibióticos en animales de producción y su impacto en la resistencia bacteriana, no parece encajar con la realidad de la atención a mascotas. «Un tratamiento de diez días para un gato enfermo no va a afectar a la multiresistencia«, argumenta Agustín, abogando por un enfoque más equilibrado.
