Detrás de las puertas de cientos de viviendas del municipio, decenas de trabajadoras sostienen con su esfuerzo el cuidado de personas mayores y dependientes. Sin embargo, lejos de sentirse respaldadas y reconocidas, denuncian que lo hacen en condiciones precarias, con salarios bajos, contratos inestables y expuestas a situaciones de riesgo.
Este sábado 13 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, en la Plaza del Orquidario, estas profesionales salieron a la calle en una marcha que buscó algo más que visibilizar su malestar: han podido alzar la voz contra la empresa concesionaria que gestiona el servicio y exigir cambios que dignifiquen su labor.
“Cuidamos con dedicación a los demás, pero nadie parece cuidar de nosotras”, resume una de las portavoces del colectivo, que recalca que la precariedad no es una novedad, sino una herida abierta desde que el servicio fue privatizado.
El peso invisible del cuidado: jornadas interminables y miedo en los domicilios
La lista de problemas es larga y todas ellas coinciden en un punto: el sistema actual prioriza los beneficios económicos sobre el bienestar de trabajadoras y usuarios. Hablan de jornadas partidas e interminables, de la imposibilidad de conciliar la vida laboral y familiar, de la sobrecarga de tareas sin recursos adecuados y de un reconocimiento social casi inexistente.
Pero lo que más preocupa es la inseguridad. Estas trabajadoras entran cada día en domicilios con información insuficiente sobre las condiciones del entorno al que se enfrentan. No saben si encontrarán a una persona dependiente en situación de emergencia, a un familiar agresivo o a un hogar que no reúne las condiciones mínimas de salubridad.
“Vamos con miedo”, confiesan. Miedo no solo a lo inesperado, sino también a la ausencia de protocolos claros y eficaces para responder a situaciones de violencia o riesgo.
La inestabilidad de un servicio esencial
El SAD es un servicio esencial. No es un capricho ni un añadido, sino una pieza fundamental en la red de cuidados de cualquier municipio. En Estepona, al igual que en muchos lugares de Andalucía, está gestionado por una empresa privada a la que el Ayuntamiento concede la prestación.
Y ahí radica otro de los problemas: cada vez que cambia la empresa concesionaria, las condiciones laborales empeoran. Las trabajadoras denuncian que viven en continua incertidumbre, sin saber qué sucederá con sus contratos, sus jornadas o sus derechos adquiridos.
La sensación es la de estar en un terreno movedizo, donde el futuro depende de decisiones empresariales que poco tienen que ver con la vocación y la profesionalidad con la que desempeñan su trabajo.
Lo que exigen: dignidad, seguridad y gestión pública
La manifestación de hoy 13 de septiembre no será ha sido una protesta, sino una declaración de intenciones. Las trabajadoras han redactado un listado de reivindicaciones claras y contundentes:
- Mejora salarial que les permita vivir con dignidad.
- Estabilidad laboral, con contratos justos, reducción de la temporalidad y jornada completa.
- Recursos adecuados, como equipos de protección individual (EPI), medios técnicos y formación específica.
- Reconocimiento profesional y valoración social del trabajo que realizan.
- Medidas de seguridad reales en los domicilios, con evaluaciones de riesgos, información previa y protocolos eficaces.
- Y, como horizonte a medio plazo, la remunicipalización del servicio para que vuelva a ser gestionado de manera pública y transparente.
Las peticiones se dirigen en dos direcciones. Por un lado, a la empresa que gestiona el servicio, a la que acusan de mirar únicamente por sus beneficios a costa de precarizar a la plantilla. Por otro, a las administraciones públicas, a las que reclaman que controlen con rigor la actuación de las concesionarias y avancen hacia un modelo de gestión pública que blinde derechos y garantice la calidad del servicio.
Una lucha que también afecta a los usuarios
El conflicto no se reduce a las condiciones laborales de las trabajadoras. Lo que denuncian afecta directamente a la calidad del servicio que reciben las personas mayores y dependientes.
Si las profesionales llegan a los domicilios cansadas, sin recursos adecuados o con la incertidumbre de no saber qué se van a encontrar, la atención se resiente. No porque falte compromiso, sino porque no se puede cuidar bien cuando se está agotada, mal pagada y desprotegida.
“Lo que defendemos no es solo nuestro derecho como trabajadoras, sino también el derecho de los usuarios a recibir un servicio de calidad”, insisten.
