La secretaria del PSOE de Estepona, Emma Molina, ha hecho balance de la gestión del equipo de gobierno del Partido Popular en 2023 en Estepona, destacando que “las políticas de José María García Urbano se han centrado más en los intereses personales y familiares, que en los intereses generales de la ciudadanía”.
Así, el alcalde incluyó a su hijo en el equipo de gobierno municipal, aunque éste renunció a los tres meses al acta de concejal tras conseguir un puesto directivo en la constructora Bonifacio Solís, propiedad de un exsocio del regidor que, por su parte, logró adquirir los locales municipales del antiguo Ayuntamiento por un beneficioso precio, actuación denunciada por el PSOE. Esta empresa también es una de las principales adjudicatarias de las obras que se acometen en el municipio.
Por si esto fuera poco, la portavoz recuerda que también en el 2023 el alcalde adjudicó a la novia de su otro hijo el restaurante de la torre mirador. “Realmente García Urbano ha estado muy ocupado este año por la gestión, pero la de su familia, tratando de asegurar económicamente a sus hijos y allegados”.
El equipo de gobierno no termina de conformarse y está en constante cambio. Se ha producido además la baja del concejal de Hacienda y por el momento se desconoce quién asumirá esta delegación básica en la gestión del municipio.
«Todo esto revela una gestión caótica que ha confirmado la propia Cámara de Cuentas, que en un informe sobre el control interno realizado sobre las actuaciones del ejercicio 2019 afirma que no se ha ajustado al marco normativo establecido», apunta Molina.
«NEFASTA GESTIÓN ECONÓMICA»
Otra muestra más «de esta nefasta gestión económica es que el PP ha aprobado unos presupuestos insolidarios que no contemplan dos de los principales problemas de la ciudad: la falta de viviendas asequibles para los vecinos y el desastroso servicio de transporte público».
Respecto al grave problema de la sequía, el PP ha optado por una desaladora financiada íntegramente por los vecinos, con la ampliación del canon del agua; “desaladora a la que no se opone el PSOE, aunque sí al modelo de financiación”, aclara la secretaria socialista, que añade que esta infraestructura debería pagarla la Junta.
“La inversión de más de 56 millones de euros para esta desaladora va a condicionar mucho la economía del municipio”, advierte.
Para terminar este balance, Molina manifiesta que el PSOE seguirá haciendo una labor fiscalizadora del equipo de gobierno, apoyando todo lo que sea beneficioso para el municipio, pero denunciando y oponiéndose a lo que suponga mermar los recursos de sus vecinos.
El PSOE viene observando con cierta preocupación las políticas sociales y servicios públicos de la ciudad. “Seguiremos reclamando más políticas sociales y soluciones a las demandas reales de los vecinos”, destaca Molina.
