El 17 de enero de 1981, la vida de Leopoldo García Martín, un subteniente jubilado de la Policía Nacional, se vio truncada por un atentado perpetrado por la organización terrorista ETA. Este brutal asesinato tuvo lugar en el alto de Miracruz, en San Sebastián (Donostia), dejando una huella imborrable en su familia y en la ciudad que lo acogió durante 38 años.
Leopoldo había nacido en Marbella, en 1918, pero fue en San Sebastián donde su vida echó raíces, como tantos otros que llegaron a esta ciudad sin saber que se quedarían. En 1943, recién entrado en la Policía Armada, fue destinado al cuartel de la capital guipuzcoana, donde forjó su carrera y se ganó, con esfuerzo y dedicación, el respeto de sus compañeros y de los ciudadanos. Tras treinta años de servicio, en 1974, decidió dar un paso atrás y retirarse. Pero en lugar de regresar al sur, como muchos hacían, se quedó en San Sebastián, junto a su familia, aferrado a una ciudad que lo acogió como suyo.
Aquel sábado de enero, Leopoldo, con 63 años a cuestas y ya lejos de los uniformes, caminaba tranquilo por el alto de Miracruz, esa calle que siempre le había sido familiar, cuando varios miembros de ETA se le acercaron y le dispararon a bocajarro. El subteniente cayó al suelo, y allí, mientras la vida se desvanecía de su cuerpo, los asesinos le dieron el golpe de gracia, rematándolo sin pudor.
El atentado había sido meticulosamente planificado. Los miembros de ETA lo habían observado durante semanas, estudiado sus rutinas, cada uno de sus movimientos, hasta el último de sus pasos. No era un simple ajuste de cuentas, sino un acto de venganza calculado. En el lugar, la policía halló cuatro casquillos de bala de un calibre 9 milímetros parabellum, la misma clase de proyectil que durante años había sido la firma de la organización terrorista.
Para escapar, los criminales habían robado un Ford Fiesta a punta de pistola apenas una hora antes de la ejecución del asesinato, lo que subraya el carácter premeditado del ataque.
El juicio llegó dos años después, y en 1983, los responsables del crimen, Juan María Anza Ortúñez y María Itziar Galardi Sagardia, fueron condenados a 26 años, 8 meses y 1 día de prisión, una condena que no devolvía la vida a Leopoldo pero que al menos imponía algún tipo de castigo. Una indemnización económica para sus herederos acompañaba la sentencia, un pequeño consuelo que el tiempo, como siempre, se encargaría de diluir.
Anza Ortúñez, tras su salida de prisión en 2002, volvió a integrarse en ETA y huyó a Francia. En 2009, su cadáver fue encontrado en una morgue francesa, cerrando un capítulo más en la historia de esta organización terrorista.
Pero la impunidad siguió sobrevolando el caso. Anza Ortúñez, tras cumplir parte de su condena, salió de prisión en 2002 y, como si el pasado fuera un lastre innecesario, se reintegró en las filas de ETA, un regreso al horror que sólo la historia podría entender. No fue hasta 2009, cuando su cadáver fue hallado en una morgue francesa, que ese capítulo negro en la vida de muchos se cerró, aunque nunca se olvidó. Y así, entre silencios y olvidos, se fue apagando la huella de un crimen que, por mucho que el tiempo pase, nunca desaparecerá de la memoria de quienes lo vivieron.
