Estepona ha perdido la oportunidad de contar con 1.527 viviendas de protección oficial (VPO) a causa de las decisiones urbanísticas adoptadas por el PSOE durante su etapa de gobierno entre 2005 y 2007. Así lo denunció este jueves el actual equipo de gobierno en el pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento, donde se puso sobre la mesa lo que la concejala de Fomento, Infraestructuras y Turismo (FIT), Ana Velasco, definió como “otro lastre urbanístico heredado de la gestión socialista”.
Según expuso Velasco, el origen de esta situación se remonta a los años en los que el PSOE aprobó de forma acelerada un total de 13 planes parciales de urbanismo en la ciudad. Estos documentos urbanísticos permitían al sector privado promover hasta 5.089 viviendas en distintos sectores residenciales, pero con un matiz decisivo: los responsables socialistas aprovecharon una disposición transitoria de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que, de facto, eximía a los promotores de reservar suelo para VPO.
La oportunidad perdida: 1.527 viviendas protegidas menos
La edil de Fomento fue clara en sus cálculos: si se hubiese aplicado estrictamente lo que establecía la legislación autonómica, los promotores deberían haber reservado el 30% del suelo para levantar un total de 1.527 viviendas de protección oficial. Esa cifra, que hoy podría haberse traducido en una oferta real de viviendas asequibles para jóvenes y familias trabajadoras, se esfumó bajo las decisiones del ejecutivo socialista.
Velasco subrayó que la prioridad de aquellos años parecía ser la de “agilizar los trámites de aprobación para los constructores”, dejando de lado la función social de la vivienda que la propia ley contemplaba. La edil recordó que la reserva obligatoria de VPO era un requisito diseñado para garantizar el acceso a la vivienda en igualdad de condiciones, especialmente en municipios con un fuerte desarrollo inmobiliario como Estepona.
El peso del pasado en la gestión actual
Más allá del cálculo de las viviendas perdidas, la concejala insistió en que el problema persiste porque la ley obliga a tramitar y desarrollar esos planes parciales ya aprobados, aunque nacieran con ese vacío en la reserva de suelo para vivienda protegida. “Es otro problema más que heredamos de la época socialista, ya que la legislación vigente nos obliga a seguir impulsando planes urbanísticos que obviaron la construcción de VPO en sus desarrollos”, apuntó Velasco.
El equipo de gobierno reconoce así que, aunque les gustaría enmendar lo que consideran un error histórico, no pueden modificar a posteriori el contenido de esos 13 planes parciales, lo que les deja atados de pies y manos en materia de vivienda protegida respecto a esas promociones.
Una política urbanística sin rectificación posible
La propia edil destacó que el actual equipo de gobierno no ha aprobado ningún plan parcial de suelo residencial desde su llegada al poder. Sin embargo, se comprometió a aplicar la ley en su totalidad en los proyectos futuros: “Daremos cumplimiento a la reserva del 30% de VPO en las promociones que se presenten a partir de ahora”, aseguró.
Este matiz, aunque no corrige el déficit heredado, marca la diferencia con la estrategia seguida en el pasado. El objetivo, según defienden desde el Consistorio, es evitar que Estepona vuelva a perder oportunidades de crear un parque de viviendas asequibles en un contexto donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes retos sociales de la Costa del Sol.
Crónica de una herencia incómoda
En clave política, la intervención de Ana Velasco dibuja un relato que trasciende las cifras y se adentra en la batalla por la legitimidad urbanística. Lo que se debate no es solo un número de viviendas perdidas, sino la filosofía de gobierno que presidió aquella etapa socialista: una visión que, según el actual equipo, priorizó la rapidez en los trámites frente a la función social que marca la legislación andaluza.
En los plenos municipales, donde la herencia urbanística del PSOE sigue ocupando buena parte del discurso, se va configurando una narrativa de contraste: un pasado marcado por la celeridad y la connivencia con los promotores, frente a un presente que promete rigor y cumplimiento normativo.
La política municipal se juega, en buena medida, en el terreno de la memoria. Y en Estepona, el urbanismo es un campo fértil para esa pugna. Los 1.527 pisos de protección oficial que nunca se construyeron son hoy un símbolo del coste social que tuvo aquel modo de gobernar.
Una lección de futuro
La conclusión que deja este episodio, en palabras de la edil, es clara: la vivienda protegida no puede ser una opción prescindible en los desarrollos urbanísticos. En un municipio en expansión como Estepona, donde la presión inmobiliaria y el aumento de precios dibujan un horizonte complicado para muchos vecinos, la obligación de reservar suelo para VPO se convierte en una garantía de equilibrio social.
El Ayuntamiento, por tanto, encara un doble reto: gestionar un legado urbanístico que considera envenenado y, al mismo tiempo, sentar las bases para que en el futuro no vuelva a repetirse una situación similar.
