La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este próximo martes el proyecto de ley para reducir la jornada laboral de las actuales 40 horas semanales a 37,5 horas, según ha informado EFE.
Durante su intervención en la clausura del Congreso de CCOO Industria, celebrado en Toledo, Díaz ha detallado que el Consejo abordará esta medida en segunda vuelta, permitiendo que inicie su tramitación parlamentaria. La iniciativa, fruto de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, se aprueba tan solo dos días antes del Primero de Mayo, fecha clave para la reivindicación de los derechos laborales.
La patronal se ha desmarcado del acuerdo, mientras que los sindicatos han respaldado la iniciativa. Díaz ha reconocido que esta “va a ser, seguramente, la política más difícil que nos va a tocar defender”, y ha animado a los delegados sindicales a movilizarse por todo el país para que el “sentido común de la calle llegue al Congreso”.
Según la ministra, esta reforma es la medida “que más desean y valoran los españoles, voten a quien voten”, reflejando así un amplio respaldo social.
Reforma del control horario y derecho a la desconexión digital
La reducción de jornada se implementará junto a una reforma del control horario, que será obligatorio, objetivo, fiable, accesible e interoperable. Este sistema se considera esencial para asegurar el cumplimiento efectivo del tiempo de trabajo. Díaz ha señalado que, desde su llegada al Ejecutivo, las horas extraordinarias no retribuidas han bajado de más de seis millones semanales a 2,5 millones, pero insiste en que es necesario seguir avanzando.
El proyecto de ley también incorpora el derecho a la desconexión digital, con el objetivo de garantizar el descanso y la intimidad de los trabajadores fuera del horario laboral.
En caso de incumplimiento en el registro de jornada, se establecerá una infracción por cada trabajador afectado cuando no exista un registro adecuado o este haya sido manipulado. Además, las faltas relacionadas con la organización del tiempo laboral que supongan un riesgo grave para la salud o seguridad de los empleados serán calificadas como infracciones muy graves, con multas que oscilarán entre los 1.000 y 10.000 euros.
Las empresas tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para ajustar sus convenios colectivos a los requerimientos de esta nueva normativa, especialmente en lo que se refiere a la duración de la jornada laboral.
