La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS), ha manifestado su apoyo al inicio de acciones legales contra el Real Decreto 933/2021, por el que se crea el Registro de Viajeros, que obliga a registrar en una plataforma información detallada de los clientes de empresas turísticas, como hoteles o rentacars.
Estas acciones legales podrían ser impulsadas por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), y contarán con el respaldo de AEHCOS, la principal patronal hotelera de España.
Este colectivo acusa al Gobierno de «falta de respuestas» ante las peticiones de diálogo del sector, y considera que la normativa tendrá un impacto negativo y «graves repercusiones» en el sector hotelero y en los propios viajeros.
En caso de incumplimiento o de no poder adaptarse a tiempo a las obligaciones de registro documental, las empresas turísticas se enfrentarán a sanciones de hasta 30.000 euros.
El nuevo Registro de Viajeros es de obligado cumplimiento para las empresas de hospedaje y alquiler de vehículos , que deberán registrar datos detallados de sus clientes en la plataforma ses.hospedajes.
La información que deberán aportar son nombre y apellidos, sexo, DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, teléfonos, correo electrónico, número de viajeros, relación de parentesco y datos de la transacción.
Con todos estos datos, las empresas deberán realizar un parte de entrada y, posteriormente, volcar la información en un registro informático para conservarla durante tres años a partir del final del servicio.
Los hoteleros denuncian la elevada carga burocrática, la pérdida de competitividad y la posible vulneración de privacidad de los viajeros que acarreará la aplicación de una normativa «que vulnera varias directivas europeas relacionadas con la protección de datos y los sistemas de pago«, además de provocar inseguridad jurídica en un sector que genera el 12% del PIB nacional.
Por su parte, desde el Ministerio del Interior alegan razones de seguridad, y justifican la medida como necesaria para luchar contra la ciberdelincuencia, la actividad terrorista y el crimen organizado.
