La crisis por el corte total de la carretera A-397 que une Ronda con San Pedro Alcántara sigue generando una fuerte disputa política entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. La tensión ha escalado tras la propuesta del Partido Popular de Málaga de abrir el peaje de la AP-7 para los damnificados, una medida que el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha aceptado siempre que sea la Junta la que asuma los costes de esta liberalización.
Cruce de acusaciones entre Gobierno y Junta
El subdelegado del Gobierno ha cargado contra la administración autonómica, acusándola de ser «la responsable de la incomunicación» y de no actuar con la rapidez necesaria para solventar la situación. Salas afirmó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está dispuesto a tramitar la apertura parcial de la autopista AP-7 para estudiantes y trabajadores de la Serranía de Ronda, pero dejó claro que el coste deberá ser asumido por la Junta de Andalucía.
«El Gobierno de España podría abrir el peaje de la AP-7 para los perjudicados por esa incomunicación a la que tiene sometida la Junta a la Serranía de Ronda, y la Junta de Andalucía, como responsable del corte, es la que debe afrontar el abono de esa apertura», declaró Salas.
Reacciones del PSOE y el PP: Una batalla por las competencias
El Partido Socialista de Málaga ha respaldado las palabras del subdelegado y ha respondido al PP exigiéndole que destine el 50% de la recaudación del IVA del peaje de la AP-7 para bonificar el pago de los afectados. Josele Aguilar, secretario general del PSOE de Málaga, cuestionó la postura de los populares y su petición al Gobierno central:
«No puede ser que pidan que el Estado destine su recaudación para suspender el peaje, pero la Junta, que recibe un 50% de esos ingresos, no lo quiera aportar.»
Por su parte, la alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández Lobato, ha mostrado su indignación ante la postura del Gobierno central. En declaraciones públicas, criticó que los alcaldes afectados aún no han recibido una respuesta oficial tras más de 25 días de espera y se enteraron de la postura del Ejecutivo a través de la prensa.
«Si esto hubiera ocurrido en Cataluña, al día siguiente tendrían el peaje abierto. Así es la España de Sánchez: la del sectarismo y las desigualdades», denunció la regidora rondeña.
El tren Bobadilla-Algeciras, otra disputa en materia de movilidad
El conflicto no se limita sólo al peaje de la AP-7. El subdelegado Javier Salas también arremetió contra el PP por su petición de aumentar la frecuencia de la línea de tren Bobadilla-Algeciras como medida paliativa ante el cierre de la A-397. Salas recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha invertido 300 millones de euros en la modernización de este tramo ferroviario, y acusó al Partido Popular de no haber impulsado mejoras en esta infraestructura durante sus mandatos.
«El PP pasó por el Gobierno sin dar un solo paso para mejorar la línea de tren que pasa por Ronda y Antequera. Ahora exigen lo que nunca hicieron.»
Un conflicto sin resolución a la vista
La falta de consenso entre administraciones mantiene en vilo a los ciudadanos de la Serranía de Ronda, quienes continúan esperando una solución concreta para restablecer la comunicación con la Costa del Sol. Mientras el Gobierno central y la Junta de Andalucía siguen culpándose mutuamente, los vecinos y trabajadores de la comarca siguen enfrentando graves dificultades para desplazarse.
La pregunta que muchos se hacen es: ¿Cuánto tiempo más tardará la polémica en traducirse en soluciones reales?
