La deuda del Ayuntamiento de Estepona es hoy de 28 millones de euros, una cantidad importante pero que puede resultar ínfima si tenemos en cuenta que hace algo más de una década, en 2011, este débito era de 304 millones y el Consistorio se encontraba al borde de la bancarrota.
Este dato se publicado hoy durante el pleno celebrado por la Corporación Municipal, en el que se ha dado cuenta de la información económico-financiera relativa al cuarto trimestre de 2023.
Según el alcalde, José María García Urbano, su gobierno sigue afrontando «la gestión económica derivada del pasado», y se prevé que la deuda situada ya en 28 millones, quede reducida a 25 millones al final del ejercicio 2024.
Para reducir la deuda en un 90% desde 2011, el Ayuntamiento de Estepona «ha pagado una media de 60.000 euros al día, pasando de deber 4.600 euros por habitante a menos de 400 euros/habitante».
Este ritmo de amortización también ha generado un doble ahorro a las arcas municipales, ya que a la reducción de la deuda se ha sumado la de los intereses generados por la misma.
Entre las principales deudas eliminadas figuran haber saldado por completo los 60 millones que se adeudaban a la Tesorería de la Seguridad Social, al igual que los 33 millones de euros que había en concepto de facturas sin contabilizar, conocidas como «facturas en los cajones».
Además, se acabó completamente con la deuda heredada con la Agencia Tributaria (18 millones de euros); se pagó la totalidad de la deuda heredada con la concesionaria del servicio de aguas (8 millones de euros) y se han abonado ya unos 90 millones de euros de la deuda bancaria heredada.
«El Ayuntamiento es hoy una administración seria, saneada y responsable, que ha sentado las bases de la estabilidad económica tras gestionar la ruina en la que se encontraba», apuntó el regidor.
Por otra parte, los informes municipales económicos también manifiestan «el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de lucha contra la morosidad y del pago a proveedores».
Así, el periodo medio de pago se sitúa en 15 días, estando el Consistorio dentro del periodo legal de pago y «a la cabeza de las Administraciones locales con mayor pronto pago de España».
