La Casa Blanca, bajo la Administración de Donald Trump, ha reconocido que está considerando suspender el habeas corpus, el principio jurídico que protege a las personas frente a detenciones arbitrarias. El anuncio, que ha generado una fuerte polémica, llega en el marco de una ofensiva contra la inmigración que ha incluido expulsiones masivas y el uso de instalaciones penitenciarias en terceros países.
Stephen Miller, principal asesor en materia migratoria del expresidente y uno de los ideólogos más radicales del Ejecutivo republicano, declaró que la Constitución de EE.UU. permite la suspensión de este derecho “en tiempos de invasión”, una figura que el Gobierno estaría interpretando de forma amplia para justificar sus medidas.
“Es una opción que estamos considerando activamente, y todo depende de si los tribunales hacen lo correcto o no”, afirmó Miller ante la prensa.
Un derecho bajo ataque
Durante el mandato de Trump, su Gobierno ha justificado la militarización de la frontera con México y la expulsión de migrantes, muchos de ellos venezolanos, a la megacárcel del CECOT en El Salvador, argumentando una supuesta “invasión” migratoria. Esta narrativa ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos, que han interpuesto demandas judiciales, en muchos casos con éxito.
El habeas corpus ha sido una herramienta clave para frenar deportaciones, incluidas las de activistas universitarios pro-palestina, y para exigir el retorno de personas expulsadas, como en el caso de Kilmar Ábrego García, quien fue trasladado a El Salvador pese a tener estatus legal en EE.UU.
La situación ha escalado al punto de que el Ejecutivo ha ignorado órdenes judiciales del Tribunal Supremo y otros tribunales menores, iniciando una campaña pública contra el poder judicial. Miller ha acusado a varios jueces federales de ser “activistas” y de promover un “golpe de Estado judicial”.
¿Y en España? Un derecho constitucional irrenunciable
Mientras en Estados Unidos se plantea eliminar este derecho, en España el habeas corpus está plenamente protegido por el artículo 17.4 de la Constitución Española, que garantiza que cualquier persona detenida ilegalmente pueda ser puesta de inmediato a disposición judicial.
“La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente”, recoge la Carta Magna.
Este principio se desarrolla a través de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, una normativa concisa de solo nueve artículos que detalla quién puede solicitar el procedimiento, cómo debe actuar el juez y qué medidas se pueden tomar.
Según explica la web especializada Conceptos Jurídicos, este procedimiento “busca proteger al ciudadano ante una detención que pueda no ser legal”. Es decir, no entra a valorar el delito que motivó la detención, sino únicamente si esta se ajusta o no a derecho.
¿Cuándo se considera una detención ilegal?
En el caso español, se considera que una persona está ilegalmente detenida cuando:
- No existen motivos legales suficientes.
- La detención se produce en un lugar no habilitado para ello.
- Se prolonga más allá del plazo legal (72 horas en general).
- No se respetan los derechos del detenido, como el acceso a un abogado.
Cualquier ciudadano puede solicitar un habeas corpus, así como su abogado, un familiar cercano, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo o incluso el propio juez de oficio. El procedimiento debe resolverse en un máximo de 24 horas.
Un derecho clave en democracia
La suspensión del habeas corpus ha ocurrido solo en cuatro ocasiones en la historia de EE.UU., en contextos de guerra o crisis extrema. Que una administración lo plantee ahora como una opción para frenar la inmigración marca un precedente preocupante. Mientras tanto, en España, este mecanismo sigue siendo un pilar fundamental del Estado de Derecho, destinado a proteger la libertad personal frente a cualquier abuso por parte de las autoridades.
