El abogado del acusado de disparar y acabar con la vida de dos hombres en 2018, uno de ellos a la salida de la comunión de su hijo en San Pedro Alcántara, ha asegurado que su cliente es «inocente» y ha incidido en que la acusación y la Fiscalía «no van a poder acreditar la culpabilidad», mientras que él sí demostrará con pruebas la inocencia.
La Audiencia de Málaga ha continuado este miércoles el juicio con jurado contra los ocho procesados por estos crímenes ocurridos en mayo y agosto de 2018. Cuatro de ellos están acusados de ser los supuestos planificadores, para los que las acusaciones piden prisión permanente revisable. Los otros cuatro están investigados por su presunta colaboración en alguno de los dos hechos, y para ellos solicitan 12 años de cárcel.
En el primer crimen, en el que la víctima recibió cinco tiros al salir con su familia de la comunión de su hijo, la defensa del presunto autor de los disparos ha aportado una prueba tecnológica, consistente en un vídeo de Snapchat «que lo sitúa en otro lugar en el mismo momento del asesinato», por lo que resulta «físicamente incompatible» que sea el autor.
En cuanto al segundo asesinato, ocurrido poco después de que el hombre llegara a su domicilio en Estepona tras haber estado de madrugada con otro de los procesados, ha explicado que, de los vídeos de la investigación se extrae que quien lo hizo es zurdo y que demostrará con una prueba pericial que su cliente es diestro.
El letrado piensa cuestionar la teoría policial, que en su opinión está hecha «con piezas de un puzzle que no encajan«, apuntando que cuando esto pasa «terminan recortándolas». Ha recordado que la tesis policial es que los dos fallecidos «se dedicaban al narcotráfico» y que «el primer crimen fue un encargo del segundo hombre», planteando hipótesis alternativas para cada uno de los casos con autoría distinta a los acusados.
El abogado ha reconocido que su cliente está vinculado al tráfico de hachís, afirmando que «no es un santo», aunque eso no prueba los asesinatos. En este sentido ha aportado un certificado de no tener antecedentes penales en una decena de países europeos, y sólo tiene multas en Suecia por delitos leves de tráfico.
Por su parte, la abogada de otro de los acusados, que está en prisión por una condena no firme y no relacionada con este caso, ha alegado «indefensión» porque ha dicho desconocer «cuál es el rol que se le asigna». Según la letrada, su cliente sólo está acusado «bajo el paraguas de la planificación» y se ha creado en torno a él un «perfil de peligrosidad» por ser hermano de otro de los investigados.
«Si no hay pruebas, olvídense de ningún perfil; este ciudadano espera justicia», ha indicado la letrada, quien apuntó que la tesis policial está plagada «de prejuicios».
Tanto ésta como el abogado que representa al otro procesado en prisión se han quejado por el trato que se está dando a sus clientes, asegurando por ejemplo la letrada que «no son formas ni es humano» el que tengan que permanecer durante todas las horas del juicio engrilletados.
La defensa del último de los considerados acusados principales por el fiscal, ha explicado a los miembros del jurado que «no se trata de hacer justicia de cowboy, sino de una justicia con mayúsculas», instándoles a que «si tienen dudas» no declaren culpables a los procesados. También ha negado pruebas contra su cliente y ha argumentado por qué no se le puede vincular con los hechos.
También los abogados de los acusados de complicidad han afirmado que no hay pruebas contra sus defendidos. Uno de los letrados manifestó que su cliente «es inocente y no pinta nada en esta historia».
Varias defensas han incidido en que los acusados, si eran sicarios, «por qué es que han alquilado viviendas y comprado vehículos con sus nombres o el de sus familiares y, además, no se deshicieron, por ejemplo, de la moto».
También han descartado que se pueda sostener la petición de prisión permanente revisable, al haber rechazado varios jueces que haya un delito de organización criminal.
