La situación de más de 50 familias en el barrio de El Calvario, en Torremolinos, sigue generando preocupación después de que una sentencia judicial declarara nulos sus contratos de alquiler, dejándolos en riesgo de desalojo inminente. Ante esta problemática, el Partido Popular ha elevado el caso al Congreso de los Diputados, exigiendo al Gobierno central que intervenga para frenar los desahucios.
La Sareb y el proceso de cesión de viviendas
El conflicto surge a raíz de la propiedad de los inmuebles, actualmente en manos de la Sareb, entidad participada por el Estado. Según la información remitida por el PP de Torremolinos, estos activos están en proceso de ser cedidos a un tercero, lo que dejaría a 127 vecinos sin contrato de arrendamiento.
El documento presentado por los diputados populares subraya la situación de vulnerabilidad de varias familias, destacando que tres familias cuentan con un miembro con discapacidad reconocida y con dependencia, dos son familias numerosas, una persona tiene problemas de salud mental, hay dos familias monoparentales y varias con miembros de edad avanzada.
El PP presiona al Gobierno para evitar los desahucios
Ante la inminente ejecución del acuerdo de cesión, prevista para el 22 de abril, los diputados del Grupo Parlamentario Popular han registrado una pregunta al Ejecutivo en la que demandan conocer qué medidas se van a adoptar para proteger a los afectados. En concreto, el PP solicita respuestas sobre:
- ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno central para evitar que estas familias queden en la calle?
- ¿Puede el Gobierno central frenar la cesión de los activos de la Sareb antes del 22 de abril?
La postura del Ayuntamiento de Torremolinos
Desde el Ayuntamiento de Torremolinos, la alcaldesa Margarita del Cid ha reiterado su compromiso con las familias afectadas, asegurando que la administración local trabaja para buscar soluciones que permitan a los inquilinos permanecer en sus hogares. Del Cid ha mantenido contactos con la Sareb, entidad clave en este proceso, y ha señalado que el Consistorio está evaluando cada caso de manera individual para proteger a los más vulnerables.
Además, la alcaldesa ha lamentado la falta de unidad entre los partidos políticos del municipio para abordar esta crisis habitacional. Según ha explicado, el equipo de gobierno intentó impulsar una declaración institucional, pero no obtuvo el respaldo necesario.
El Partido Popular espera ahora la respuesta del Gobierno central, mientras el Ayuntamiento sigue gestionando alternativas para evitar que las familias queden desprotegidas. La fecha límite del 22 de abril marca un plazo clave en este conflicto, ya que a partir de entonces la Sareb podría ejecutar el acuerdo con el tercero y proceder a los desalojos.
La incertidumbre y la angustia de los vecinos de El Calvario se mantienen mientras esperan una solución que garantice su derecho a una vivienda digna, que esperemos que sea pronto.
