La incertidumbre y la angustia se han apoderado de medio centenar de familias en el barrio de El Calvario, en Torremolinos. Sus viviendas están en riesgo de desahucio tras un fallo judicial que no reconoce la validez de sus contratos de alquiler. Estas familias, algunas con más de una década de residencia en los inmuebles, aseguran haber abonado sus rentas de manera puntual, pero ahora se enfrentan a una orden de lanzamiento dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torremolinos el pasado 8 de enero.
La historia de este conflicto se remonta a 2005, cuando una promotora solicitó una hipoteca para la construcción de un residencial en las calles Río Yeguas y Rodrigo. En 2013, en medio de dificultades económicas, la promotora suscribió un contrato de arrendamiento con sociedades explotadoras de pisos, que posteriormente subarrendaron las viviendas a las familias.
El problema surge cuando el juzgado considera que esas mercantiles no tenían un título legítimo para gestionar los alquileres. Según la resolución judicial, la relación entre la promotora y estas sociedades tenía como objetivo dificultar el cobro de la deuda hipotecaria por parte de la entidad financiera. Como consecuencia, se ha determinado que los inquilinos actuales ocupan las viviendas “sin título bastante”, lo que abre la puerta a su desalojo inminente.
José Luis y Jimena, son vecinos que han vivido en el edificio durante años, explican la angustia con la que están viviendo estos días. José Luis, denuncia que el proceso judicial ha estado marcado por irregularidades. “No nos notificaron la orden de lanzamiento. Nos enteramos en agosto, a través de una vecina que estaba personada en el caso”, explica. Cree que esto supone un fallo procedimental y que, de haberse comunicado a tiempo, los inquilinos habrían podido defenderse legalmente antes de que se dictara el desalojo».
«En agosto de 2024, una vecina me trajo un auto del Juzgado Número 2, el auto número cinco de 2024, de fecha 8 de enero, donde se produce el lanzamiento de las dos mercantiles que nos habían alquilado: J. Renting y Lucian. Ese auto dice que, como consecuencia, nuestros contratos no son válidos y que no tenemos derecho a estar en las casas. Hemos estado pagando desde enero sin tener que pagar, pero en la parte dispositiva del auto se dice que se nos debe notificar como terceros ocupantes. Esa notificación jamás llegó. De haberla recibido, me habría ahorrado 3.700 euros que pagué a alguien que ya no tenía derecho sobre mi vivienda. Cuando dejé de pagar, ese individuo me empezó a amenazar con cartas en el buzón diciéndome que pagara», explica con angustia José Luis.
Por su parte, Jimena, añade que se sienten desprotegidos. No saben qué hacer ni a dónde ir. Y los están echando de su hogar sin miramientos. «Algunos vecinos se han enterado de los desahucios por otros vecinos, no porque se les haya notificado. Además, los pisos que alquilamos no tenían muebles, todo lo que hay dentro es nuestro. No solo tenemos que irnos, sino desmontar cocinas, lámparas y electrodomésticos en menos de un mes», comenta.
Por otro lado, El Ayuntamiento de Torremolinos ha expresado que, aunque no tiene competencia directa en el caso de los desalojos de El Calvario, está trabajando activamente para mediar en la situación. En este sentido, el Consistorio pretende investigar la situación particular de cada familia, especialmente en los casos en los que se identifiquen situaciones de vulnerabilidad. Si se confirma que algunas de las familias se encuentran en esta situación, el Ayuntamiento intervendrá para tratar de evitar el desahucio, buscando soluciones que protejan a los más necesitados.
El abogado Juan Ricardo Ruiz Rey representa a Yolanda, una inquilina que, además de enfrentar el desalojo, atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad, como bien nos comenta su abogado. Juan Ricardo advierte que el modus operandi que se ha visto en la Costa del Sol y en otros lugares de España es el siguiente: una constructora tiene una hipoteca, deja de pagarla y cede la explotación de los pisos a otras empresas, generalmente vinculadas con ella. Estas empresas alquilan las viviendas durante años, a pesar de que hay un proceso judicial en marcha.
«Estas personas han estado pagando su alquiler sin saber que estaban en una situación precaria. No se les ha informado adecuadamente, y ahora son los principales perjudicados. Están siendo desalojados sin alternativas ni garantías», según el testimonio de Juan Ricardo a Área Costa del Sol.
Las familias han intentado buscar apoyo en las administraciones, pero mientras tanto, el temor y la desesperación crecen a medida que se acerca la fecha límite para el desalojo. Ahora, seis vecinos están a punto de ser desahuciados porque sus viviendas fueron subastadas y compradas por particulares. El resto de las viviendas siguen a nombre de el constructor. Si nos dan solo un mes para salir, ¿qué hacemos con nuestros muebles? ¿Dónde vamos a encontrar alquileres a precios asequibles?, comenta José Luis.
«Nosotros solo queremos justicia», concluye José Luis. «No estamos pidiendo que nos regalen nada, solo queremos una oportunidad para seguir adelante sin miedo a quedarnos en la calle».
