Municipios del Campo de Gibraltar y la Costa del Sol piden una moratoria en la construcción de parques fotovoltaicos

Cinco alcaldes piden a la Junta la regulación de estos proyectos para ejecutarlos de forma sostenible.

Municipios del Campo de Gibraltar y la Costa del Sol piden una moratoria en la construcción de parques fotovoltaicos - Consejo de alcalde fotovoltaicas
El consejo de alcaldes se ha reunido con responsables de la Junta.

Los municipios malagueños de Casares y Gaucín, y los gaditanos de Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo y Castellar de la Frontera, exigen a la Junta de Andalucía una moratoria en la tramitación de los proyectos de parques de placas fotovoltáicas, previstos en sus localidades.

Los alcaldes de estas cinco localidades, José Carrasco (Casares), Fran Gómez (Jimena), Pedro Godino (Gaucín), Jesús Fernández (SanMartín del Tesorillo) y Adrián Vaca (Castellar), han mantenido esta mañana una reunión con responsables de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

En el encuentro, al que han asistido el viceconsejero, la directora general de Urbanismo y la jefa del Servicio de Planificación, los alcaldes han reclamado que se paralicen los proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas «hasta que se apruebe una regulación autonómica que garantice la compatibilidad de la implantación de estas instalaciones de energías renovables con un desarrollo sostenible de sus municipios».

En la reunión se ha acordado trasladar esta iniciativa a las consejerías de Presidencia, Hacienda y Turismo, cuyo acuerdo es» fundamental» para aprobar esta petición de moratoria por parte de la Junta de Andalucía.

Ante el gran número de proyectos que se están tramitando para la instalación de plantas fotovoltaicas en estos municipios, sus alcaldes han decidido llevar a cabo actuaciones conjuntas y crear un consejo cuyo objetivo es «que la instalación de las plantas de energías renovables se realice de forma sostenible y planificada, para que no tenga un gran impacto paisajístico o medioambiental, ni perjudique el desarrollo de sectores económicos como el agrícola o turístico».

Además, cada uno de los consistorios está trabajando para regular en el ámbito local la implantación de este tipo de instalaciones en sus municipios, si bien el Gobierno de España o la Junta de Andalucía son las administraciones competentes para tramitar estos proyectos, y las que tienen la última palabra.