Marbella se beneficiará del nuevo decreto de simplificación de la Junta de Andalucía, que incluye una batería de medidas para la revitalización del mercado de las viviendas de protección oficial (VPO) que se dirigen tanto a favorecer su construcción como a facilitar su acceso a una mayor franja de población.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha mantenido hoy un encuentro con la delegada del Gobierno autonómico en Málaga, Patricia Navarro, ha afirmado que esta normativa «apuesta por la agilización de los trámites burocráticos para que no supongan un obstáculo para la inversión en sectores tan estratégicos como el urbanístico o el inmobiliario”.
Navarro, por su parte, ha asegurado que “este decreto recoge el sentir y las necesidades de los ciudadanos y del tejido empresarial», y que “afecta a más de 150 normas propias y contempla un total de 450 medidas que abarcan muchos ámbitos”.
La normativa realza la figura del silencio administrativo y el uso de la declaración responsable, lo que «viene a lanzar un mensaje de confianza en la madurez de la propia ciudadanía, los operadores económicos y el resto de instituciones”.
En lo que se refiere al acceso a las VPO, entre las principales medidas figura el aumento, en un 14,5%, del precio de los módulos con los que se fija el valor de los metros cuadrados de las viviendas protegidas para venta o alquiler y que se actualizará anualmente con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
También aumenta el límite salarial para poder acceder a una VPO, facilitando que algunas franjas de población, como los jóvenes, puedan optar a estas viviendas sociales.
Además, la normativa modifica la ponderación sobre el número de integrantes de la unidad familiar, para que puedan acceder también las más reducidas; sustituye el visado del contrato por la declaración responsable por parte del promotor y establece en un 4,5 el precio máximo de referencia para el alquiler de estas viviendas.
En el ámbito urbanístico, se agilizan los trámites para la obtención de las licencias de obras y se permite realizar por fases las obras cuya ejecución comenzó ante de la entrada en vigor de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
