La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local concederá subvenciones a los municipios costeros afectados por el último temporal anterior a la Semana Santa en la provincia de Málaga.
Se trata de ayudas para afrontar situaciones de emergencia o catástrofe, que podrán solicitarse hasta el 19 de junio y que cuentan con un crédito total de 10 millones de euros, que podría ser ampliado en caso necesario. Se establece una cuantía máxima de 120.000 euros para cada ayuntamiento.
Según la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, estas cantidades económicas pretenden «paliar el esfuerzo inversor que han realizado los ayuntamientos de los municipios costeros previa celebración de la Semana Santa y que deben seguir haciendo de cara al verano”.
Serán subvencionables aquellas actuaciones que sean necesarias para la restitución, reparación, reforzamiento, consolidación, rehabilitación, restauración, especial conservación o limpieza o cualesquiera otras de reposición a su uso propio de infraestructuras e instalaciones municipales destinadas a la prestación de los servicios públicos básicos de su competencia, dañadas o afectadas con ocasión de situaciones de emergencia o catástrofe.
Las infraestructuras e instalaciones deben estar destinadas a la prestación de alguno de los siguientes servicios públicos locales: abastecimiento de agua potable a domicilio; evacuación y tratamiento de aguas residuales; vías de acceso a infraestructuras destinadas a la prestación de servicios públicos básicos; pavimentación y señalización de las vías urbanas; alumbrado público; limpieza viaria urbana; cementerio; recogida y tratamiento de residuos; prevención y extinción de incendios; parque público; conservación y mantenimiento de los edificios destinados a centros públicos de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria y de educación especial.
En general, aquellos servicios públicos locales obligatorios, básicos o esenciales, cuya prestación sea imprescindible por afectar a la salud, a los servicios sociales, a la seguridad o a la movilidad de las personas, siempre que se hayan visto interrumpidos o afectados por situaciones de emergia o catástrofe.
