Reparaban teléfonos móviles con componentes piratas importados desde Asia. Así funcionaba la trama criminal que ha sido desarticulada en la Costa del Sol por la Policía Nacional.
Entre los 47 detenidos por su presunta implicación en los delitos contra la propiedad industrial y pertenencia a organización criminal figuran los responsables, por un lado, de una de las principales empresas del sector de reparación de smartphones en España, que cuenta con un modelo de franquicias low cost repartidas por gran parte del territorio nacional y, por otro, el propietario de una compañía especializada en la venta de piezas de sustitución para terminales, traídas principalmente de China y Hong Kong.
En el marco de la operación Rotten, la Policía Nacional ha intervenido 14.000 piezas falsificadas, principalmente pantallas, cámaras, baterías, entre otros componentes, que resultarían ser copias prácticamente iguales en apariencia a las originales, salvo en lo relativo a la calidad del producto. Estas piezas fraudulentas reproducirían sin autorización los diseños registrados de marcas muy reconocidas de telefonía, vulnerando derechos de propiedad industrial.
Fruto de una larga investigación, iniciada a finales de 2020 y relacionada con la introducción en España de piezas falsificadas para terminales telefónicos, se practicó una inspección inicial en una empresa malagueña distribuidora de tales componentes a nivel nacional, que es suministradora a su vez de otra compañía líder en reparaciones de smartphones.
Los agentes hallaron conexiones entre los dirigentes de ambas entidades, comenzando de este modo una investigación de tipo económico-patrimonial que consiguió interconectar ambas empresas, sus propietarios y una extensa red de locales propios y franquiciados, con sucursales en todas las provincias de Andalucía y otras regiones del país.
Continuando con las indagaciones, agentes adscritos al Grupo II de Delitos Económicos y sus homólogos del Grupo de Investigaciones Patrimoniales y Localización de Activos -IPLA-, ambos de la Comisaría Provincial de Málaga, realizaron incursiones discretas en polígonos industriales, observando como en algunas naves había materiales expuestos que, aún con mucha sutileza por los ligeros cambios efectuados en los diseños registrados, reproducían sin autorización los registros de marca.
Se practicaron registros en los domicilios de los líderes de la red, en Málaga y la localidad malagueña de Torremolinos, interviniéndose 14.402 euros en efectivo y procediéndose al embargo preventivo de 156.497 euros en cuentas bancarias, dos inmuebles -uno de lujo- y un vehículo.
De los hechos conoce el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga.
