La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias de oficio para investigar a los organizadores de una fiesta prevista para el 18 de enero en Torremolinos, que promovía un cartel en redes sociales con el mensaje «prohibida la entrada a maricones». El evento, organizado por el club marroquí Casa Fátima Ino, ha generado una ola de indignación tanto a nivel local como a nivel nacional debido a su discriminación explícita hacia la comunidad LGTBI.
Según la denuncia, la fiesta no solo prohibía el acceso a personas con orientación homosexual, sino que también los organizadores asociaban esta prohibición con comportamientos violentos o relacionados con el consumo de drogas. Esta situación ha sido calificada por la Fiscalía Provincial de Málaga como una posible infracción de los derechos humanos, al vulnerar la dignidad de las personas por razón de su orientación sexual, tal como se establece en el artículo 512 del Código Penal.
El Ayuntamiento de Torremolinos, encabezado por la alcaldesa Margarita del Cid, también ha tomado medidas contra el evento. En primer lugar, del Cid denunció el caso ante la Policía Nacional por un presunto delito de odio y, además, fue objeto de insultos por parte de los promotores del evento. Según la alcaldesa, los organizadores le enviaron mensajes privados a través de Instagram en los que la insultaban con términos despectivos, además de acusarla de apoyar a maricones, transexuales y enfermos.
«El odio y la homofobia no tienen cabida en nuestra ciudad«, afirmó del Cid en un comunicado público, dejando claro que Torremolinos es una ciudad diversa y respetuosa, donde no se tolerarán actitudes de exclusión hacia ningún colectivo.
La Junta de Andalucía, por su parte, ha iniciado también actuaciones para abrir un expediente sancionador contra los responsables de la fiesta. Según la Ley 8/2017, que garantiza los derechos y la igualdad de trato de las personas LGTBI, la Junta no descarta tomar medidas adicionales contra los organizadores del evento.
La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía (FACUA) ha sido otra de las entidades que ha actuado en este caso. FACUA ha denunciado los hechos ante la Fiscalía Provincial de Málaga y ha solicitado que se investigue si los organizadores cometieron delitos de odio, además de violar las normativas de publicidad e igualdad, al incitar a un trato discriminatorio en el cartel promocional.
El cartel de la fiesta, que fue compartido ampliamente en redes sociales, ha sido considerado por FACUA como una vulneración de las normativas en cuanto a la dignidad y los derechos de la comunidad LGTBI. La federación ha instado a que se les impongan sanciones por publicidad ilícita.
Aunque los organizadores del evento han comunicado que no llevarán a cabo la fiesta en Torremolinos, aseguraron que buscarán otra ciudad para realizarla. A pesar de que la fiesta ha sido suspendida, las autoridades han asegurado que continuarán con las investigaciones y no descartarán acciones legales contra los promotores, quienes todavía no han especificado el nuevo lugar en el que se celebrará el evento.
El caso sigue siendo de gran repercusión y ha provocado un debate público sobre la libertad de expresión y la tolerancia en la sociedad actual.
