La Fiscalía Provincial de Málaga ha presentado un escrito de acusación contra el jeque Abdullah Nasser Al-Thani y tres de sus hijos, en el marco de la investigación por las supuestas irregularidades en la gestión del Málaga Club de Fútbol. El Ministerio Público solicita una pena de 14 años de prisión para cada uno de ellos, al considerar que existen indicios suficientes para acusarlos de tres delitos relacionados con su etapa al frente del club.
Según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press, los cuatro procesados se enfrentan a cargos por administración desleal, apropiación indebida e imposición de acuerdos abusivos. Por cada uno de los dos primeros delitos, la Fiscalía pide seis años de prisión por persona, y por el tercero, penas adicionales en forma de multas económicas.
El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ya acordó en febrero de 2024 continuar el procedimiento contra un total de nueve personas, entre ellas los miembros de la familia Al-Thani y cinco exdirectivos del club. A estos últimos se les imputan también delitos de administración desleal y apropiación indebida, aunque la pena solicitada en su caso es inferior a la de los principales acusados.
Una vez practicadas “cuantas diligencias se estimaron necesarias”, la magistrada instructora decidió cerrar la fase de investigación al considerar, al igual que la Fiscalía, que existen indicios racionales de criminalidad. En su auto, se señala que los miembros del Consejo de Administración del club habrían actuado, de forma conjunta y planificada, para disponer de fondos pertenecientes al Málaga CF entre los años 2012 y 2019.
Dichas cantidades habrían sido utilizadas, según consta en la instrucción, “sin causa legítima y con ánimo de injusto y privado enriquecimiento”, generando un perjuicio económico directo a la entidad. La jueza apunta a un supuesto “enriquecimiento injusto”, que solo habría sido posible con la connivencia y colaboración necesaria de los responsables de la dirección ejecutiva del club durante ese periodo.
El Ministerio Público sostiene que los acusados utilizaron estos fondos en beneficio propio, incluso en etapas en las que la sociedad se encontraba en una situación económica delicada, provocando así un presunto vaciado patrimonial del Málaga CF.
Llamado a las autoridades de España y Catar
En diciembre del 2024, Abdullah Nasser Al-Thani hizo público un llamamiento a las autoridades de España y Catar para que investiguen lo que califica como una campaña de incitación y amenazas directas contra su persona. A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter), el exaccionista mayoritario del Málaga CF denunció la existencia de actos documentados como cánticos incendiarios, amenazas personales y la quema de símbolos nacionales, que, según sostiene, forman parte de un hostigamiento organizado.
El empresario catarí dirigió su mensaje tanto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como a los Ministerios de Interior y Asuntos Exteriores, solicitando una investigación exhaustiva de estos hechos. Del mismo modo, pidió la implicación de las autoridades de su país, incluyendo al Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar y al Ministerio del Interior, con el objetivo de proteger sus derechos y promover una colaboración bilateral que permita esclarecer estos incidentes.
El contexto: Málaga CF y la figura de Al-Thani
Sheikh Abdullah ben Nasser Al-Thani, nacido en Doha el 29 de septiembre de 1969, adquirió en junio de 2010 la mayoría accionarial del Málaga CF, marcando el inicio de una etapa que combinó grandes expectativas con una creciente polémica. Actualmente, el club se encuentra gestionado por tres instituciones independientes, tras un largo periodo de conflicto institucional y judicial que ha afectado a su estabilidad deportiva y financiera.
En su reciente mensaje, Al-Thani reafirma su compromiso con la transparencia y la justicia, subrayando que el club malagueño “merece claridad en su administración y en la resolución de disputas pasadas”. Asimismo, insiste en la gravedad de los actos de incitación que denuncia, y recalca que las amenazas y los ataques simbólicos no solo representan un agravio personal, sino también una afrenta a los valores de respeto y convivencia que deben regir en cualquier sociedad democrática.
