La criminalidad en la provincia de Málaga ha aumentado un 1,9% en el primer trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según los datos oficiales del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, se han registrado 23.547 infracciones penales, frente a las 23.117 de 2024. El dato no sería especialmente alarmante —aunque tampoco es para tirar cohetes— si no fuera porque el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha decidido explicarlo con un argumento digno del populismo más barato: “la sociedad está más crispada”.
Una frase que, aunque aparentemente inocente, traslada la responsabilidad del aumento de la delincuencia al comportamiento de la ciudadanía, mientras ignora los factores estructurales que llevan tiempo denunciando tanto los cuerpos policiales como diversos colectivos sociales. No es culpa del narcotráfico desbocado, ni de la falta de medios policiales, ni de los petaqueros que juegan al escondite en las costas andaluzas con embarcaciones más rápidas que las de Vigilancia Aduanera, ni de los agentes que cobran 1.400 euros al mes jugándose la vida, ni siquiera de los asesinatos de policías en Barbate. Tampoco se debe a que la Costa del Sol se haya convertido en un auténtico coworking internacional del crimen organizado, donde mafias de medio mundo operan con total impunidad. ¿Qué es lo que buscas? ¿Cocaína? ¿Marihuana? ¿Mujeres? ¿Hombres? ¿Sicarios? ¿Blanquear dinero? En una noche en cualquier reservado de una discoteca de la Costa, lo tienes al alcance de la mano. Pero no, según el representante del Gobierno, el verdadero problema es que “estamos todos un poco nerviosos”.
Las cifras no entienden de excusas
El informe del Ministerio deja claro que la criminalidad no solo no baja, sino que en algunos delitos directamente se dispara. Los secuestros se han duplicado. Los delitos graves y menos graves de lesiones siguen ahí, sin tregua. Y mientras tanto, la cibercriminalidad continúa, con 4.704 casos ya registrados este año. Las mafias digitales ya no necesitan pasamontañas ni navajas, solo WiFi y anonimato. Busquen en Google todos los ciberataques que las instituciones españolas han sufrido en el último año. No debe quedar ningún español sin que sus datos se vendan en la Deep Web.
En paralelo, la sensación de inseguridad va en aumento, especialmente en la Costa del Sol, donde el crimen organizado encuentra terreno fértil. El narcotráfico ha consolidado su presencia, mientras los agentes en el terreno trabajan con medios insuficientes y sueldos bajos. La desproporción entre las capacidades de las organizaciones criminales y los recursos del Estado empieza a resultar alarmante. Y no hablemos de los tiroteos del último mes y medio, que casi vamos a uno por semana.
El problema no es solo de comunicación, es de fondo. Y el principal responsable político tiene nombre y apellidos
No basta con balances trimestrales e intentos por maquillar la realidad o con declaraciones edulcoradas desde Madrid. Los cuerpos policiales llevan años denunciando que no pueden más, que la lucha contra el narcotráfico y la violencia no se libra con buenas intenciones, sino con recursos, personal y planificación.
Responsabilizar del repunte delictivo a la “crispación social” es, como mínimo, simplista. Reducir un fenómeno tan complejo a una cuestión de ánimo colectivo elude el análisis estructural necesario. No se trata solo de ciudadanos alterados. Se trata de mafias que se consolidan, de un sistema judicial desbordado, de falta de inversiones en prevención y de una creciente desigualdad social.
El discurso del subdelegado obvia elementos clave: la impunidad con la que actúan ciertos grupos criminales, el efecto llamada de la debilidad institucional y la falta de coordinación entre administraciones. Señalar al clima social como origen del problema es una forma sutil de eludir responsabilidades políticas.
Cortinas de humo y balones fuera
Y claro, cuando faltan soluciones, sobran excusas. Se recurre a lo abstracto, a lo intangible, al “clima social”. Se echa la culpa a la ciudadanía, a los nervios, al mal humor generalizado. Pero las cortinas de humo empiezan a no tapar nada. La gente quiere realidades, no frases vacías. Quiere que se mejore la seguridad, que se persigan los delitos con eficacia y que quienes tienen las competencias, asuman la responsabilidad.
Porque al final, ni los ayuntamientos ni las comunidades autónomas tienen las herramientas suficientes para afrontar solos este reto. La seguridad es competencia del Estado, y el Estado, en este caso, lleva demasiado tiempo llegando tarde y mal.
El diagnóstico es claro, la solución también
El aumento de la criminalidad no se combate con eslóganes, sino con inversión. Hace falta reforzar plantillas, mejorar condiciones laborales, dotar de tecnología moderna a las FCSE y garantizar una coordinación real entre cuerpos y territorios. Mientras eso no ocurra, seguiremos viendo cómo los narcos campan a sus anchas, cómo aumentan los delitos cibernéticos y cómo los vecinos miran con preocupación a su alrededor.
Y lo que ya no cuela es señalar al ambiente. Porque sí, puede que estemos más crispados, pero es que cuando uno ve cómo se gestiona su seguridad desde las alturas, lo difícil es no estarlo.
