Comerciantes de Puerto Banús han presentado un escrito de alegaciones contra la intención de la empresa Puerto José Banús S.A. de conseguir una ampliación de la concesión ejercida sobre el puerto marbellí.
Entre los argumentos utilizados por los abogados de los comerciantes, del despacho BGI-LAW, destaca que la empresa Puerto José Banús S.A. está a punto de superar los 50 años de concesión establecidos en la ley, que la citada concesionaria ha mostrado «mala fe al cobrar por espacios que se han reconocido como públicos sin ajustarse a la normativa portuaria» y, también en este sentido, que la empresa Puerto José Banús S.A. persigue extender la concesión sobre los espacios situados en la Playa de Levante que a día de hoy están fuera de la concesión otorgada.
Como explican desde la oficina en Marbella de BGI-LAW, “la concesionaria Puerto José Banús S.A. ha dado muestras a lo largo del tiempo de su actitud autoritaria, excediendo sus atribuciones y explotando espacios que no están incluidos dentro de la concesión otorgada en su día”.
Han recordado además el carácter de dominio público local (Ayuntamiento de Marbella) de determinados viales que discurren por el recinto portuario, según consta perfectamente a la APPA, así como el carácter de dominio público marítimo-terrestre de la playa de Levante, como consecuencia del deslinde aprobado por Orden Ministerial de 25 de julio de 2007, y que ha originado incluso expedientes de recuperación posesoria por la Demarcación de Costas, confirmados judicialmente.
Según explican desde el despacho de abogados, el uso de las terrazas ha sido la principal fuente de conflictos entre Puerto Banús y los comerciantes, tras la imposición unilateral por parte de la concesionaria de condiciones abusivas.
En este sentido, los comerciantes interpusieron tres demandas de nulidad de los arrendamientos contra la concesionaria y a su vez la concesionaria interpuso 21 procedimientos de desahucio. Igualmente, determinados comerciantes, han solicitado al Ayuntamiento la adquisición formal de los viales en tres procedimientos diferentes que actualmente se están enjuiciando en los juzgados de lo contencioso.
Como denuncian desde BGI-LAW, la intención de la empresa concesionaria al solicitar la renovación de la concesión antes incluso de que haya finalizado, sería un modo de desentenderse de los conflictos en que se encuentra inmersa con los comerciantes y poder «hacer borrón y cuenta nueva pasando a controlar la concesión como si de terrenos de su propiedad privada se tratará olvidando el carácter público de la zona portuaria».
