El Ayuntamiento de Casares exige a la Junta de Andalucía una vuelta segura a los colegios a partir de septiembre. Su alcalde, Pepe Carrasco, ha señalado que es la Junta la que tiene que poner recursos a favor de las escuelas públicas y de los ayuntamientos para planificar junto a la comunidad educativa propuestas para una vuelta al cole con «garantías sanitarias».
Tanto el alcalde Carrasco como el teniente alcalde y coordinador local, Juan Luis Villalón, han mostrado su rechazo a que se haya cargado sobre los colegios y ayuntamientos la responsabilidad de elaborar los protocolos de seguridad frente al coronavirus y han señalado la necesidad de apoyo y más recursos para afrontar «una vuelta al cole con garantías sanitarias».
Según Carrasco, la Junta de Andalucía, a través de un documento que ha hecho llegar al Ayuntamiento, «ha dejado en manos de los equipos directivos de los colegios toda la responsabilidad en la redacción de un protocolo de actuación frente al Covid-19″. Directrices, que según ellos, se han recibido con incertidumbre «ya que dichos equipos directivos son docentes y no expertos en sanidad».
Además, el primer edil en el consistorio ha informado que “para tener una vuelta al cole segura y con garantías sanitarias, la Consejería de Educación tiene que sentarse a dialogar y a planificar el nuevo curso junto a las comunidades educativas de los colegios Blas Infante de Casares y de Los Almendros de El Secadero para buscar soluciones de forma consensuada”.
«No entendemos cómo la Consejería de Educación pide que se adopten medidas adicionales con el mismo presupuesto en vez de hablar de inversión extraordinaria, bajada de ratios o aumento del número de docentes», ha señalado Villalón. El teniente ha alcalde ha recalcado que «ya es hora de que el gobierno andaluz apueste por lo público, ya que si algo estamos aprendiendo en esta pandemia es que hay que fortalecer los servicios públicos para superar las adversidades».
Instrucciones por parte de la Consejería de Educación
En las instrucciones que la Consejería de Educación hizo llegar a los Ayuntamientos el pasado mes de julio se establece que los directores y directoras de los colegios deben establecer las medidas de seguridad respecto a la entrada y salida de los centros, los desplazamientos de los alumnos por los mismos, su distribución en las aulas o el desarrollo de los servicios de aula matinal o comedor.
Además, también deberán contemplar la actuación a seguir en caso de sospecha o confirmación de un positivo, así como el establecimiento de grupos reducidos de convivencia escolar, conocidos como «grupos burbuja», cuyo fin es conseguir que los estudiantes permanezcan aislados del resto de grupos y estén atendidos únicamente por uno o dos docentes.
«Docentes de toda Andalucía ya han mostrado su rechazo a esta forma de actuar por parte de la Junta y han hecho público que no tienen clara su responsabilidad porque no tienen capacidad de decidir sobre asuntos sanitarios, ya que son maestros y no expertos en salud».
