Los trabajos para restablecer completamente el servicio de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, interrumpido tras el accidente ocurrido en Adamuz, ya han comenzado una vez obtenida la autorización judicial necesaria para intervenir en la zona. El objetivo es recuperar la circulación ferroviaria lo antes posible.
Según han informado este viernes fuentes del Ministerio de Transportes, se ha iniciado la retirada de traviesas y carriles inservibles sobre la plataforma ferroviaria, al tiempo que se están preparando los acopios de materialesnecesarios para la reconstrucción de la vía y acondicionando los caminos de servicio, según recoge la agencia EFE.
En el ámbito de la electrificación, las mismas fuentes han señalado que ya se habían ejecutado trabajos previos para el futuro tendido de la catenaria, como la instalación de anclajes, conductores eléctricos y otros elementos de soporte, entre ellos las ménsulas. En el lugar del accidente, ADIF, gestor público de la infraestructura ferroviaria, ha desplegado hasta el momento una veintena de vehículos, maquinaria especializada para la reparación de la vía, la infraestructura y la electrificación, así como un equipo humano formado por cerca de 40 técnicos.
Actuaciones preparatorias
Antes de contar con la autorización judicial, ya se habían realizado actuaciones preparatorias con el fin de agilizar los plazos, entre ellas el acopio de materiales y la reparación de algunos elementos de la catenaria en las inmediaciones del tramo afectado.
El pasado miércoles, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, avanzó que ya se disponía del permiso judicial para comenzar la reposición de la infraestructura y estimó que los trabajos podrían permitir la reanudación del servicio en unos diez días, en torno al 7 de febrero, aunque precisó que se trata de una fecha orientativay no definitiva.
Las actuaciones incluyen la reparación de la base de la vía, la reposición del balasto, la instalación de nuevos carriles y la reconstrucción de la catenaria, todos ellos elementos dañados por el descarrilamiento de un tren de Iryo y el posterior choque con un Alvia, ocurrido el 18 de enero.
Para hacer frente a esta situación excepcional, se ha recurrido a la Declaración de Emergencia, un procedimiento que permite la contratación directa de las actuaciones necesarias sin seguir el trámite ordinario, si bien obliga a informar al Consejo de Ministros en un plazo máximo de 30 días sobre las medidas adoptadas.
