La Plataforma de Afectados por la Estafa de Unicaja Banco, formada por más de 300 clientes de esta entidad financiera, preparan cientos de denuncias judiciales y ya han reunido más de 600 firmas para exigir la devolución de sus ahorros, que fueron sustraídos durante un ciberataque a la plataforma del banco.
Los piratas aprovecharon un fallo de seguridad durante el proceso de fusión de Unicaja Banco y Liberbank para vaciar las cuentas de cientos de clientes, que podrían superar el millar entre ambas entidades. Según la plataforma, las cantidades sustraídas a cada afectado varían entre los 1.000 y los 104.000 euros, lo que arroja una media de unos 3.000 euros por cliente.
La creación de la nueva plataforma unificada, a mediados del pasado mes de mayo, fue aprovechada por piratas informáticos para enviar mensajes a ordenadores y teléfonos móviles de clientes en los que, haciéndose pasar por el banco, pedían que procediesen a actualizar los datos de su cuenta bancaria. Estos mensajes imitaban perfectamente el diseño, apariencia, y logos utilizados por la entidad bancaria para comunicarse con sus clientes.
Una vez con las credenciales en su poder, los delincuentes «limpiaron» las cuentas mediante bizum y transferencias inmediatas. A algunos clientes llegaron a sustraerle hasta 40.000 euros.
Los afectados mantienen que el banco debe reintegrarle sus ahorros en base a numerosas sentencias judiciales, que consideran que las falsas transferencias (cuando el ordenante no es el titular de la cuenta) son «un riesgo a cargo del banco porque, en principio, el deudor sólo se libera pagando al verdadero acreedor por lo que, si el banco cumple una orden falsa, habrá de reintegrar en la cuenta correspondiente las cantidades cargadas«, según recoge una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante.
Las cuentas siguen sufriendo ‘pishing’
En este sentido denuncian que Unicaja Banco, «a pesar de admitir que los clientes han sido víctimas de ‘phishing’, se niega a reembolsar a los clientes».
También critican que la entidad se niegue a bloquear las cuentas afectadas por la ciberestafa: «insisten en que esto solo podría hacerse en persona en las sucursales bancarias y durante el horario de apertura del banco. Lo peor de todo es que las transferencias no autorizadas de las cuentas de los clientes continúan realizándose todos los días y no cesan«.
Además, mantienen que el banco ha «obstruído deliberadamente» sus demandas a través de su personal de oficina, negándose a facilitarles hojas de reclamaciones y orientación sobre cómo completarlas, no proporcionando copias selladas ni respondiendo a las reclamaciones dentro del período de tiempo especificado de 15 días. Ante esta situación, «nuestra única opción es la vía judicial».
Atendidos por personal «grosero»
La Plataforma denuncia que «hemos tenido que tratar con personal y gerentes groseros» que utilizaban «un mismo guión acusatorio hacia sus clientes», creando en ellos una sensación de culpabilidad y humillación «cuando la realidad es que no hemos violado ninguna ley ni hemos sido negligentes: simplemente hemos sido víctimas de una estafa«.