La Audiencia Provincial de Málaga ha ordenado reabrir la investigación por la muerte de Haitam Mejri, fallecido durante una intervención policial en un locutorio de Torremolinos el pasado 7 de diciembre.
Los magistrados han tumbado el archivo acordado por la jueza instructora y han pedido que se practiquen nuevas diligencias antes de cerrar el caso. En concreto, la Audiencia exige que se solicite un informe complementario al Instituto de Medicina Legal y que, esta vez, los forenses reciban previamente los vídeos de la actuación policial.
En esas imágenes, captadas por dos cámaras del local y por las dos cámaras asociadas a los dispositivos táser, se observan las descargas eléctricas, sujeciones y golpes durante la reducción de Haitam, según recoge el auto.
La resolución, dictada el 30 de junio por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, y recogida por elDiario.es., considera que no se investigó lo suficiente “a la vista de lo que se ve en las imágenes”. Los magistrados subrayan que, cuando una persona fallece durante una intervención policial y estando ya retenida, debe realizarse una investigación “profunda y efectiva”.
La Audiencia pide ahora a la jueza que requiera al Instituto de Medicina Legal un nuevo informe para determinar si en el fallecimiento de Haitam Mejri pudo influir la actuación policial, tal y como sostiene el perito de la acusación particular. Para ello, los forenses deberán analizar tanto los vídeos como el informe aportado por la familia.
También se ordena una declaración contradictoria entre los peritos del Instituto de Medicina Legal y el perito de la familia, Aitor Curiel, médico especialista en Medicina Legal y Forense.
Según el auto, en las grabaciones “se puede ver” la actuación policial, la situación en la que se encontraba el fallecido durante la reducción, la postura de los agentes sobre él, las descargas de táser realizadas, cómo Haitam se va quedando sin respiración y el momento en el que se inicia la reanimación.
La Audiencia recuerda además que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exigen una investigación más exhaustiva cuando se produce una muerte bajo custodia o durante una intervención policial.
El caso había sido archivado el 10 de febrero con apoyo de la Fiscalía, y el sobreseimiento fue confirmado el 7 de abril. La jueza concluyó entonces que no existía una relación de “causa efecto” entre la intervención de los seis policías y la muerte de Haitam, de 35 años.
La jueza no llegó a imputar a los seis agentes que participaron en la intervención, que tampoco declararon ante ella. Según la información aportada, en los vídeos se observa cómo Haitam es golpeado, rociado con gas pimienta, insultado, presionado a la altura del tórax y electrocutado en repetidas ocasiones. También se le escucha pedir que paren e insistir en que quería “colaborar”.
La resolución de archivo asumió la hipótesis del informe de autopsia del Instituto de Medicina Legal, que atribuía la muerte al “delirio agitado” motivado por el consumo de drogas y por la existencia de un corazón patológico.
La jueza consideró que las descargas táser no causaban daños más allá de la inmovilización neuromuscular y el dolor, calificó las lesiones como leves y no entró a valorar los efectos de la sujeción con presión en el cuello y el tórax descrita en el informe forense aportado por la familia.
La familia de Haitam, por su parte, sostiene una versión distinta a través de un informe elaborado por Aitor Curiel. Ese documento recoge 86 lesiones externas objetivables en el cuerpo de Haitam, producidas durante la intervención policial, e incluye al menos siete descargas con pistolas táser, aunque la familia contabiliza once en los vídeos.
El informe de la familia también cuestiona la influencia de las sustancias tóxicas detectadas en el cuerpo. Las pruebas toxicológicas hallaron rastro de cocaína, MDA, cannabis y ketamina en sangre. Según ese análisis, la concentración de cocaína era inferior a concentraciones letales y las demás sustancias presentaban niveles escasos que sugerirían una fase metabólica avanzada, por lo que su consumo no habría sido reciente.
La Audiencia Provincial ha dictado además otro auto en el que recuerda a la jueza instructora qué diligencias pueden considerarse pertinentes durante la fase de instrucción. Los magistrados señalan que la jueza rechazó las diligencias propuestas por la familia de Haitam “de forma genérica”.
