El caso de Sibora, la joven desaparecida en 2014 y cuyo cuerpo fue localizado en 2023 emparedado en una vivienda de Torremolinos, ha dado un nuevo paso judicial. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torremolinos número 3 ha acogido este jueves la audiencia preliminar de la causa, una comparecencia clave para decidir si el procedimiento debe llegar a juicio oral.
La vista se celebró una vez concluida la fase de instrucción y presentados los escritos de las partes. En ella, tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por el letrado Guillermo Smerdou en representación de la familia de la víctima, solicitaron la apertura de juicio oral ante el Tribunal del Jurado. La defensa del acusado no se opuso a esa petición y ninguna de las partes interesó la práctica de nuevas diligencias.
El acusado, Marco, afronta una petición de 22 años de prisión. Las acusaciones le atribuyen un delito de asesinato en el ámbito de la violencia de género, con alevosía y la agravante de parentesco, por el que solicitan 20 años de cárcel, y otro delito contra la integridad moral, por el que reclaman otros dos años de prisión.
La defensa, por el contrario, sostiene que su cliente sería autor de un delito de homicidio y de una conducta posterior de ocultación del cuerpo, por lo que solicita penas mínimas. En su escrito, el acusado reconoce su intervención en el episodio que determinó el fallecimiento de Sibora y la posterior ocultación del cadáver, pero rechaza que se tratara de una acción planificada o ejecutada de forma fría y reflexiva.
De Nettuno a Torremolinos
Según el relato de las acusaciones, recogidos por Europa Press, Marco conoció a Sibora en 2009 en la localidad italiana de Nettuno, donde ambos residían. Ella tenía entonces casi 19 años. En 2010, la pareja se trasladó a vivir a España, concretamente a Torremolinos. La Fiscalía recoge que la joven no tenía su documentación en regla y que llegó con una identidad falsa, como nacida en Roma.
Tras convivir en distintos domicilios del municipio, la relación cesó temporalmente a finales de 2013. Sin embargo, ambos volvieron a vivir juntos en la fecha de los hechos en una vivienda situada en la zona de El Calvario, inmueble que el acusado había alquilado y donde años después sería encontrado el cadáver.
Las acusaciones sitúan la muerte de Sibora en un momento indeterminado de la semana comprendida entre el 7 y el 14 de julio de 2014. En esa vivienda, presuntamente, el acusado atacó a la joven, entonces de 22 años, con un arma blanca y le asestó al menos cuatro puñaladas, tres de ellas por la espalda, causándole la muerte.
Después, siempre según el escrito de la acusación, Marco permaneció durante un tiempo no determinado con el cadáver y pensó cómo deshacerse del cuerpo. Finalmente, habría decidido esconderlo en la propia vivienda, en un habitáculo construido en un hueco de la segunda planta abuhardillada del ático.
Falsas versiones durante meses
Tras la muerte de Sibora, el acusado habría tratado de hacer creer a su entorno que la joven se había marchado voluntariamente. A la madre de la víctima le dijo que no sabía nada de su hija, que habían discutido, e incluso acudió a la Comisaría de Policía para denunciar su desaparición, lo que dio lugar a la apertura de diligencias judiciales.
La última vez que declaró en comisaría por estos hechos fue en septiembre de 2014. Entonces hizo referencia a supuestas informaciones de terceras personas que aseguraban haber visto a Sibora. La Fiscalía sostiene además que durante los ocho meses posteriores dio falsas esperanzas a la madre de la joven y le hizo creer que su hija seguía viva.
El escrito de conclusiones provisionales recoge distintas versiones ofrecidas por el acusado a varias personas. En algunas ocasiones, según el Ministerio Fiscal, llegó a llorar y a decir que quería que Sibora volviera, que estaba enamorado de ella y que ambos tenían intención de casarse.
El hallazgo del cuerpo en 2023
El caso dio un giro casi nueve años después. El 17 de mayo de 2023, Marco fue detenido como presunto autor de la muerte de Paula, quien había sido su pareja hasta ese momento. En el marco de esa investigación, en la que también se le atribuía el uso de un arma blanca, el acusado realizó unas manifestaciones espontáneas al ver una fotografía de Sibora en dependencias policiales.
Según consta en la causa, dijo que Sibora estaba “en una casa, enterrada en una pared”. A partir de esa declaración, las pesquisas permitieron localizar el cuerpo de la joven en la vivienda de Torremolinos donde había convivido con el acusado.
Marco ya fue condenado el pasado mes de marzo a 24 años de prisión por un delito de asesinato, con las agravantes de parentesco y género, y otro delito de maltrato habitual por el crimen de Paula. Esa sentencia, sin embargo, no es firme, ya que ha sido recurrida por la defensa.
Prórroga de la prisión
Recientemente, la Audiencia de Málaga acordó prorrogar la prisión del acusado. En el auto, la Sala alude a la gravedad de la pena impuesta y al riesgo de que, en caso de quedar en libertad, pudiera eludir la acción de la justicia, especialmente al tratarse de una persona extranjera y sin arraigo económico, laboral, familiar ni de otro tipo en España.
La resolución también menciona la existencia del procedimiento abierto por el crimen de Sibora como otra de las razones para mantener la situación de prisión. La prórroga alcanza hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia por el caso Paula, es decir, 12 años.
La versión de la defensa
La defensa mantiene una versión muy distinta de los hechos. Sostiene que la muerte de Sibora se produjo en el contexto de una discusión entre acusado y víctima, con tensión y confrontación física entre ambos. Según esa tesis, hubo un forcejeo relacionado con el arma blanca y de ahí se derivaron las lesiones que causaron el fallecimiento.
La letrada rechaza que la muerte se produjera de forma preparada, fría o reflexiva. También subraya que el acusado colaboró en la fase policial al aportar información relevante para localizar el cadáver, indicando el lugar donde se encontraba.
Por ello, solicita que se le apliquen las circunstancias atenuantes de confesión y colaboración. La defensa considera que los hechos deben calificarse como un delito de homicidio, sin alevosía ni agravantes, por el que pide la pena mínima de diez años de prisión. Además, plantea un delito de ocultación de cadáver o, de forma subsidiaria, un delito contra la integridad moral, igualmente con una pena mínima.
El procedimiento queda ahora pendiente de que se resuelva la apertura de juicio oral, después de que las acusaciones hayan pedido que el caso sea juzgado por un Tribunal del Jurado y la defensa no se haya opuesto.
