El Ayuntamiento de Torremolinos ha intensificado este verano el control sobre la venta ambulante ilegal, especialmente en las zonas más transitadas del litoral. En lo que va de año, la Policía Local ha llevado a cabo un total de 60 intervenciones, entre actas de infracción y decomisos de productos hallados en la vía pública, con el objetivo de frenar la proliferación de esta práctica no autorizada.
El balance provisional de estas actuaciones ha supuesto la incautación de 14.280 productos, cuyo peso total ronda las cuatro toneladas. Los objetos retirados han sido trasladados en distintas fases a la planta de tratamiento C.M.C.S. de Casares. Hasta la fecha se han enviado 1,8 toneladas y está previsto un tercer traslado con otras 2,2 toneladas de material intervenido.
Para hacer frente a esta actividad ilegal, el consistorio ha reforzado su dispositivo de vigilancia con una patrulla adicional durante fines de semana y festivos que recorre el Paseo Marítimo de La Carihuela hasta el límite con Benalmádena, y otra más en la zona del Bajondillo. Asimismo, se ha asignado una unidad de apoyo de recorrido general, así como una unidad de paisano que realiza un seguimiento específico a los vehículos utilizados para transportar y distribuir la mercancía, con el objetivo de detectar posibles almacenes y proceder a su intervención.
Durante los meses de verano, entre junio y septiembre, el operativo se complementa con 15 auxiliares de playa, que prestan servicio entre las 12:00 y las 19:00 horas. Su función es respaldar la labor de las unidades policiales en las áreas más afectadas por la venta ambulante, especialmente en los paseos marítimos y zonas de playa.
Desde el Ayuntamiento subrayan que la venta ambulante no es únicamente una cuestión de competencia desleal hacia los comercios establecidos, sino que puede estar vinculada a delitos de mayor gravedad como la trata de seres humanos, el blanqueo de capitales o la introducción de productos falsificados en el mercado. A nivel nacional, se estima que esta actividad genera unas pérdidas anuales de 6.000 millones de euros, lo que da cuenta del impacto económico y social que conlleva.
