La batalla judicial por la Eco Reserva de Ojén suma un nuevo capítulo. La Junta de Andalucía ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que le denegó la entrada en este espacio natural de 82 hectáreas, cuyo cierre había sido decretado previamente por el propio Gobierno andaluz.
El conflicto gira en torno a una reserva natural ubicada en Ojén que alberga alrededor de 150 animales, entre ellos ciervos, muflones, cabras montesas, jabalíes, zorros, aves rapaces, reptiles y anfibios. El recinto acogía fauna procedente de rescates o animales heridos y huérfanos, y era gestionado por una empresa inmersa desde hace más de cuatro años en un litigio con la administración autonómica tras la orden de cierre de las instalaciones.
Según un auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA, el recurso presentado por el Gabinete Jurídico de la Junta ha sido admitido a trámite, ordenándose además el emplazamiento de las partes para comparecer ante el Tribunal Supremo en un plazo de 15 días. La resolución llega después de que el TSJA declarara nula la entrada administrativa solicitada por la Junta y rechazara el intento de desalojo de las instalaciones, de sus trabajadores y de los animales acogidos en el recinto.
Desde la Eco Reserva han lamentado que la Junta haya decidido “continuar su ofensiva judicial” llevando el caso hasta Madrid, pese a la resolución favorable obtenida en el TSJA. La entidad sostiene que el espacio ha sido un referente en conservación ambiental y refugio de biodiversidad local, además de recordar que la zona fue declarada Espacio Natural Protegido por la propia Junta de Andalucía en 2015 y forma parte de la Red Natura 2000 como Zona de Especial Conservación (ZEC).
Antonio Calvo, vinculado a la reserva, ha recordado además que más de 102.000 firmas respaldaron la continuidad del proyecto y rechazaron el cierre. También ha reclamado una solución dialogada, advirtiendo del desgaste personal y económico que supone continuar el proceso judicial ante el Supremo. Mientras tanto, asegura que sigue acudiendo diariamente a la entrada del recinto para aportar alimento complementario a los animales que permanecen en la finca.
El origen de esta disputa judicial se remonta a una decisión del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 5 de Málaga, que en mayo de 2023 autorizó la entrada a varias instalaciones del monte público Sierra Blanca para proceder al desalojo. Sin embargo, el TSJA terminó revocando esa medida al estimar el recurso presentado contra dicha autorización.
