La tensión entre el Gobierno y Junts alcanza un nuevo punto de ruptura. Según ha informado la agencia EFE, la formación liderada por Carles Puigdemont ha registrado enmiendas a la totalidad a todas las leyes presentadas por el Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, y anuncia que hará lo mismo con las que lleguen en el futuro, incluidos los Presupuestos Generales del Estado.
En una rueda de prensa ofrecida este jueves en el Congreso, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha sido contundente: “Sin nuestros votos no se pueden aprobar leyes”. La diputada ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sabe “desde el primer día” que su partido no vota para garantizar la estabilidad de España, sino “a favor de los intereses de Cataluña”.
“El Ejecutivo ha perdido su capacidad legislativa”
Nogueras ha precisado que su grupo parlamentario ha presentado enmiendas a la totalidad a 25 leyes impulsadas por el Gobierno, que no respaldará las 21 que están en su fase final de tramitación y que vetará también las nuevas propuestas aprobadas recientemente por el Consejo de Ministros.
La portavoz ha recalcado que el Gobierno no podrá aprobar los Presupuestos, el techo de gasto ni normas clave como “la ley Bolaños” —para la modernización de la justicia— o “la ley Begoña”, que afecta a la acusación popular, “a menos que una sus votos con el PP y Vox”.
“El Ejecutivo ha perdido su capacidad legislativa”, ha insistido Nogueras, quien ha calificado este movimiento como “un baño de realidad” para el PSOE y Sumar. Además, ha recordado que Junts no pide favores, sino coherencia y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
La formación independentista da este paso una semana después del anuncio de ruptura con el PSOE, y tras la falta de comparecencia de Sánchez para explicar “cómo va a gobernar a partir de ahora”.
Preguntada sobre la posibilidad de apoyar una moción de censura o la convocatoria de elecciones anticipadas, Nogueras ha señalado que Junts “ha hecho lo que había que hacer” y ha subrayado que su partido defiende los intereses de los ciudadanos catalanes, mientras que lo que suceda en el conjunto de España “compete a los partidos españoles”.
“Mano tendida siempre”, responde el Gobierno
Desde el Ejecutivo central, fuentes gubernamentales consultadas por EFE han respondido asegurando que mantienen una “mano tendida siempre” y que su disposición al diálogo y al entendimiento con todos los grupos parlamentarios sigue abierta, “para mejorar la vida de los ciudadanos tanto en Cataluña como en el resto de España”.
Las mismas fuentes han recalcado que el Gobierno cumple sus compromisos, y que las iniciativas incluidas en el acuerdo de investidura con Junts que dependían exclusivamente del Ejecutivo ya se han cumplido o están en vías de hacerlo. En cuanto a los compromisos que requieren de otros actores, han añadido que se trabaja sin demora para que se lleven a cabo.
Algunas leyes contarán con el apoyo de Junts
En una nota de prensa, Junts ha puntualizado que, de las más de 50 leyes actualmente en tramitación, tres van acompañadas de acuerdos previos con el Gobierno alcanzados antes de la ruptura, y que la formación espera ver “cumplidos”.
Entre las excepciones, Junts ha reclamado que estos proyectos se aceleren, insistiendo en que el decreto de ayudas para los enfermos de ELA “no puede esperar” y debería ser convalidado la próxima semana.
Además, según las mismas fuentes, el grupo de Puigdemont sí apoyará algunas normas, entre ellas la ley de atención a la clientela, la ley de economía social, la ley del cine y la ley de movilidad sostenible, además del citado decreto para enfermos de ELA.
Entre las normas que Junts ha decidido vetar se encuentran algunas de las más relevantes de la agenda legislativa del Gobierno. La formación independentista ha presentado enmiendas a la totalidad contra la Ley de Familias, la Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), la Ley de Servicios Digitales, la Ley de Jurisdicción Universal y la Ley de Protección para la Libertad de Expresión.
